JOAN SAMIT
Una de las ventajas, entre otras, que tiene el sistema democrático sobre cualquier régimen dictatorial es que la corrupción, de la índole que sea, tarde o temprano acaba saliendo a la luz. Es lo que ha ocurrido últimamente con el caso Gürtel , con la operación Pretoria en Santa Coloma de Gramenet, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, o con el caso Millet, por citar sólo los últimos escándalos en los que se mezclan elementos de corrupción, ambiciones económicas de individuos poco escrupulosos, especulación urbanística o choriceo a gran escala que han reclamado la intervención de la justicia. El personal de a pie tiene sobrados motivos para sentirse asqueado y escandalizado y eso se manifiesta claramente en las encuestas que están publicando estos días los medios de comunicación.
Y no es para menos: en el primer caso están implicados el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; el ex secretario general del PPV, Ricardo Costa (expulsado del partido por su supuesta implicación en el caso Gürtel), que ha sido la única cabeza de turco que ha rodado para que la autoridad de Mariano Rajoy no quedara en entredicho, amén de otros altos cargos del PP estatal, madrileño y de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular.
La operación Pretoria
En el segundo, la operación Pretoria, que investiga el mismo Garzón, ha conmocionado a la opinión pública catalana por sus connotaciones especiales: es la primera vez que se ven mezclados en un escándalo de corrupción miembros importantes de los dos principales partidos políticos catalanes, el nacionalista CiU y el socialista PSC. Nunca se había dado, en Catalunya ni en España, una colusión de esa índole entre elementos de dos formaciones políticas (PP-PSOE o CiU-PSC) que concurren enfrentadas abiertamente a todas las convocatorias electorales, sean municipales, autonómicas, legislativas o europeas. Los implicados --dejando a salvo la presunción de inocencia, por supuesto-- son los ex consellers del ex presidente Jordi Pujol Macià Alavedra y Josep Prenafeta. Alavedra, Prenafeta, el hijo mayor del ex president, Jordi Pujol Ferrusola, y algunos otros dirigentes nacionalistas eran conocidos como el grupo de negocios de CiU, detalle que, por sí solo, ya es suficientemente ilustrativo.
Por parte socialista han sido implicados el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, sucesor de la actual consellera Manuela de Madre en la alcaldía colomense. Junto a Muñoz están implicados otros dos cargos municipales socialistas: Manuel Dobarco, tercer teniente de alcalde de Santa Coloma y responsable de Espacio Público y Urbanismo, y Pascual Vela, director de los Servicios Municipales. En la misma operación están implicados altos cargos de Badalona y de Sant Andreu de Llavaneres, además de varios empresarios de la construcción. Garzón decretó prisión provisional sin fianza para todos los cargos políticos y dejó en libertad bajo fianza a los empresarios. De lo instruido hasta ahora se deduce que el montante de los estafado supera los 40 millones de euros, pero la investigación sigue adelante y pueden aparecer más agujeros negros.
Luigi el conseguidor
El principar muñidor de la trama corrupta es un tal Luis García Sáez, alias Luigi, que también permanece en la cárcel en prisión sin fianza. Según testimonios de quienes le conocieron en su periodo de militante de UGT y del PSC, García no era más que un listillo sin ideología ni formación que se pegó a los socialistas catalanes como la lapa a la roca para medrar. Con el bagaje de 12 años como diputado en el Parlament y algunos más como miembro de UGT --en donde participó en algunas purgas de compañeros que no procedían, como él, de la Federación Catalana del PSOE--, se consideró ya preparado para dar el salto de obrerista a empresario, dedicándose a obtener contratas y construir equipamientos y viviendas en ayuntamientos gobernados por correligionarios amigos. Su habilidad para estos menesteres añadió otro término a su alias: Luigi el conseguidor. Pero se pasó un pelín y en el 2001 fue expulsado del PSC tras protagonizar un escándalo empresarial con quiebra y obreros a la calle. Pero a pesar de que el PSC dio la orden de que los dirigentes municipales cortaran las relaciones con él, muchos no lo hicieron, entre ellos, Bartomeu Muñoz. Parece que a Luigi le ha llegado su san Martín.
Así como en el caso Gürtel, además de todo el choriceo a beneficio de parte (de Álvaro Pérez. El bigotes, "más que un amigo" para Francisco Camps; Francisco Correa, el cerebro de la operación; Cándido Herrero, consejero de Orange Market, la empresa tapadera de Pérez; Pablo Crespo, administrador único de Special Events, otra empresa instrumental del grupo, y J. Luis Izquierdo, apoderado de esa misma entidad) parece que existen indicios de supuesta financiación del PP, en el caso de Santa Coloma de Gramenet no aparece ninguno. Así lo han asegurado incluso fuentes de la investigación. Además, la actitud adoptada desde el primer momento por el PSC se ha diferenciado sustancialmente de la de Convergència: mientras la dirección socialista entró inmediatamente en materia y aisló al alcalde colomense y sus adláteres dentro de un círculo sanitario, con expulsión inmediata del partido y desposesión de sus cargos, la dirección nacionalista, representada por su secretario general adjunto, Felip Puig, defendió a Alavedra y Prenafeta con uñas y dientes pero, por si acaso, hizo saber que ninguno de los dos ocupa desde hace años cargo alguno de responsabilidad en el partido. No obstante, a medida que se iban conociendo los términos del desaguisado, se vieron obligados a ir más allá y suspendieron "temporalmente" de militancia a los dos ex consellers.
Un tiro por la culata
Fue precisamenente Felip Puig quien, poco después de estallar el escándalo, en una sesión del Parlament acusó públicamente a la esposa del president de la Generalitat, Anna Hernández, de acumular una quincena de cargos. Puig hizo uso de un e-mail anónimo que circuló por las redacciones de Barcelona, aunque no tenía necesidad de ello porque todos los cargos que ocupa la mujer de José Montilla, como otros personajes electos, figuran en un libro que edita la Duputación. El tiro le salió por la culata. Sin solución de continuidad ERC, ICV-EUiA y el mismísimo Antoni Duran Lleida, líder de Unió Democràtica de Cataluña (UDC), miembro de la federación CiU, le lanzaron a Puig sendos torpedos a su línea de flotación: resulta que Puig, que acusó a Anna Herrnández de ocupar 15 cargos, él mismo ocupó nada menos que 41 en la época en que fue conseller de Política Territorial. Desde que dejó de ser portavoz del grupo parlamentario de CiU, su partido, CDC, le compensa por la pérdida de ingresos sufridos, pero lo hace a través de la empresa FPG Enginieria, Estratègies, Gestió i Desenvolupament, fundada por Puig en el 2007 y que teóricamente se dedica a la asesoría de obras y medio ambiente. En la práctica, sin embargo, tan pomposo título se refiere, más que a una empresa, a un chiringuito para eludir impuestos. ya que prácticamente los únicos ingresos de FPG son los que provienen de CDC como sobresueldo compensatorio. Nada ilegal, por supuesto, pero de escasa altura ética tratándose de un alto cargo nacionalista tan puntilloso cuando se trata de machacar al adversario. De Anna Hernández se conocen todos sus ingresos: en el 2008 ganó 94.300 euros como diputada de la Dipuación de Barcelona y otros 33.300 en dietas por asistir a reuniones de algunos organismos de los que es consejera en virtud de su cargo.
El caso Millet es de otra naturaleza. En la emblemática Fundació Orfeó Català--Palau de la Música, el ya ex presidente Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, se dedicaron durante años a un vaciado sistemático de las arcas de una entidad que es uno de los banderines culturales aventados con más orgullo por la burguesía catalana. Una burguesía que nutría con sus donativos los fondos de la fundación. Eran su sostén, junto a las aportaciones de instituciones públicas: Generalitat y Gobierno central, principalmente. Millet y Montull han puesto patas arriba la fundación, han hecho mangas y capirotes con sus fondos; durante años, han hecho lo que han querido con una prepotencia y un descaro indescriptibles. Las auditorías encargadas de averiguar el estado de cuentas de la entidad calculan que el desfalco ronda los 30 millones de euros. Nadie se dio por enterado. Y pese a los toques de atención que iban llegando al Parlament, a ningún grupo político se le encendió la señal de alarma. Las medidas legales que está adoptando el Tripartito van en la dirección de corregir esos errores. Sobre todo en uno de sus capítulos más escabrosos: las donaciones adjudicadas por Millet a Àngel Colom, ex líder de ERC (hoy dirigente de CDC) y a la Fundació Trias Fargas, ligada al partido que lidera Artur Mas.
Colom acudió a Millet requiriéndole ayuda económica para una fundación cultural catalanista que quería montar. Pero la tal fundación ha quedado para siempre en el limbo y los casi 100.000 euros que Millet dio graciosamente a Colom sirvieron para pagar las deudas que le dejó a éste el chiringuito político (el Partit Independentista) que montó cuando fue descabalgado del mando en ERC. Con ese PI, Colom no se comió ni un rosco electoral y quedó de deudas hasta las cejas. Millet le alivió el mal trago. Por su parte, la Fundació Trias Fargas recibió de Millet en varias donaciones más de 600.000 euros, cuya devolución reclaman ahora los nuevos responsables del Orfeó Catalá. Es decir que una fundación cultural orgullo de la burguesía catalana, que vivía de donaciones privadas y públicas, se permitía, a su vez, hacer donaciones de lujo a dirigentes políticos fracasados y a fundaciones ligadas a partidos políticos que han pagado deudas y campañas electorales. No es extraño, pues, que la viuda de Ramon Trias Fargas haya pedido que se cambie el nombre a la fundación para que no quede dañado el buen nombre de su difunto marido.
Una burguesía a la baja
El caso Millet es demostrativo de que una parte de la burguesía catalana ha perdido el norte y con él, el sentido del honor y de la ética. Esa burguesía, o muchos de sus representantes, son quienes, siguiendo la doctrina emanada del ex president Jordi Pujol, gurú espiritual y destacado representante del grupo, abandonó la producción industrial (la actividad productiva que crea trabajo y riqueza reales) en manos de multinacionales para dedicarse a la actividad financiera. Es decir, a la especulación.
La corrupción que emana de los cargos políticos y su entorno tiene otra catadura con múltiples aristas difíciles de limar. Por una parte está la financición de los partidos, un problema que los representantes públicos que han gobernado desde la transición no han podido, no han sabido o no han querido abordar. Por otra, la financiación de los ayuntamientos, claramente insuficiente, que obliga a las entidades locales a endeudarse mucho más allá de sus posibilidades de respuesta. La tentación de especular con el suelo --su único patrimonio pignorable-- se presenta de inmediato. Y los pingües beneficios que aporta la construcción hacen que algunos responsables municipales acaben devorados por los carroñeros que están al acecho de cada palmo de terreno recalificable. Si, de paso, se deja caer algo en la cuenta privada del político, miel sobre ojuelas. Es el caso de Santa Coloma de Gramenet y de otros municipios.
El desencanto
La solución de estos dos problemas es tanto más urgente cuanto que el desencanto de la población en el sistema democrático avanza a pasos de gigante. Y el caso cierto es que no solamente no son corruptos todos los políticos, sino que la inmensa mayoría son gente intachable. Pero, como se dice en Francia, "de bonne nouvelle, pas de nouvelle" (con buena noticia, no hay noticia) y el hecho incontestable de la honestidad de la mayoría de los políticos no es noticia porque se da por sentada, pero en el momento en que se destapa un escándalo de corrupción se desata el sunami mediático que llega a abrumar a la gente que no está al tanto de los entresijos de la grande y la pequeña política. De ahí se pasa a "todos son iguales", "se meten en política para forrarse" y, seguidamente, a las tentaciones de la abstención o, lo que sería más catastrófico, a la atracción por un salvador de patrias que se sepa vender bien, un Berlusconi a la catalana o a la española. Este peligro para la democracia, además, está siendo reforzado por los mismos partidos políticos, que desde la transición han seguido un proceso de oligarquización lento pero imparable: el hecho de que unos pocos dirigentes de los partidos que cortan el bacalao acaparen la mayoría de los cargos de decisión no es ni bueno y bonito para el prestigio de la democracia.
Puestos en esta tesitura, las medidas legales coercitivas que castiguen con más dureza a los corruptos son urgentes, pero no son las únicas. Tan urgente como lo anterior es un cambio en la cultura de hacer política que se ha establecido desde la transición; una cultura que parte de principios oligárgicos. Y, sobre todo, que se cambie un sistema electoral que favorece esa oligarquización partidista. El vigente sistema electoral quizá fue necesario en los primeros tiempos de la transición, cuando la democracia española estaba asediada por todas las fuerzas fascistas que salieron incólumes de la extinción del franquismo. Con los años, aparentemente se diluyeron, pero aún hay que andar con pies de plomo porque están reapareciendo actitudes claramente fascistas --en sectores del PP, en la jerarquía eclesiástica, en determinados círculos empresariales, en guetos donde el lumpen vive otra realidad-- que, aunque por el momento no están en condiciones de romper la baraja, sí pueden llegar a jugar con cartas marcadas.
(En las fotos: Félix Millet y Macià Alavedra)
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