Avant: Alternativas sindicales a la política económica y social del Gobierno

Recuperar derechos y defender el Estado Social

(27 de octubre del 2010)

La huelga general del 29 de septiembre: un impulso para reforzar la capacidad de
propuesta y de iniciativa sindical

La Huelga General del 29 de septiembre ha puesto de manifiesto la necesidad de cambios en los
objetivos e instrumentos de la política económica que el gobierno está llevando a cabo. El segui-
miento de la huelga y el respaldo social que se constató exigen que el Gobierno rectifique en la
orientación de las políticas económicas y sociales, recuperando el mantenimiento y mejora del
Estado de Bienestar como uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo social. Exige también
la reorientación de la política económica, retomando el objetivo del crecimiento económico, sos-
tenido, equilibrado y duradero, como eje de la recuperación económica. La reducción del déficit
público debe ser un fin compatible con las prioridades económicas, sociales y de empleo.

Y exige, sobre todo, revertir la reforma laboral que no permite, ni mucho menos estimula, que la
posible recuperación económica venga acompañada por una solución a los problemas de nuestro
mercado de trabajo: la temporalidad previsiblemente seguirá aumentando, cuando se recupere
el ritmo de creación de empleo; el uso de la flexibilidad interna como alternativa al despido se ha
desincentivado con esta reforma laboral; las causas del despido se desvirtúan, al establecerse
como causa objetiva una predicción que no es posible acreditar (las pérdidas futuras).

El firme compromiso de CCOO y UGT con los trabajadores y trabajadoras, con la sociedad es-
pañola y con su futuro, es hacer reversible la reforma laboral y con ello las medidas socialmente
injustas y económicamente desacertadas que se anuncian en materia de pensiones y que, en
materia económica y social, se han venido adoptando.

Este compromiso está unido a las razones de la Confederación Europea de Sindicatos que, el
mismo 29 de septiembre, movilizó a Europa entera para protestar por las políticas de ajuste
promovidas desde la Comisión Europea, que dejan de lado la creación de empleo de calidad,
los derechos de los trabajadores, los aspectos de justicia y cohesión social y, en definitiva, de-
bilitan el Estado de Bienestar.

En la Unión Europea, pese a la leve recuperación de la actividad, el futuro sigue
instalado en la incertidumbre y en un alto desempleo

La situación actual y las perspectivas económicas a corto plazo no permiten ser optimistas: los
planes de ajuste que se están llevando a cabo en todas las economías europeas, y especial-
mente en España, condenarán la incipiente recuperación económica a un futuro de menor
crecimiento (sino de recaída en la recesión) y con mayores tasas de desempleo.

Sin embargo, no es la única alternativa para cumplir con los compromisos de déficit. El
necesario cambio del modelo productivo, a través de políticas orientadas al crecimiento eco-
nómico y de creación de empleo ha de anteponerse a la reducción del déficit sin más.

La Huelga General del 29 de septiembre ha puesto de manifiesto la necesidad de cambios en los
objetivos e instrumentos de la política económica que el gobierno está llevando a cabo. El segui-
miento de la huelga y el respaldo social que se constató exigen que el Gobierno rectifique en la
orientación de las políticas económicas y sociales, recuperando el mantenimiento y mejora del
Estado de Bienestar como uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo social. Exige también
la reorientación de la política económica, retomando el objetivo del crecimiento económico, sos-
tenido, equilibrado y duradero, como eje de la recuperación económica. La reducción del déficit
público debe ser un fin compatible con las prioridades económicas, sociales y de empleo.

Y exige, sobre todo, revertir la reforma laboral que no permite, ni mucho menos estimula, que la
posible recuperación económica venga acompañada por una solución a los problemas de nuestro
mercado de trabajo: la temporalidad previsiblemente seguirá aumentando, cuando se recupere
el ritmo de creación de empleo; el uso de la flexibilidad interna como alternativa al despido se ha
desincentivado con esta reforma laboral; las causas del despido se desvirtúan, al establecerse
como causa objetiva una predicción que no es posible acreditar (las pérdidas futuras).

El firme compromiso de CCOO y UGT con los trabajadores y trabajadoras, con la sociedad es-
pañola y con su futuro, es hacer reversible la reforma laboral y con ello las medidas socialmente
injustas y económicamente desacertadas que se anuncian en materia de pensiones y que, en
materia económica y social, se han venido adoptando.

Este compromiso está unido a las razones de la Confederación Europea de Sindicatos que, el
mismo 29 de septiembre, movilizó a Europa entera para protestar por las políticas de ajuste
promovidas desde la Comisión Europea, que dejan de lado la creación de empleo de calidad,
los derechos de los trabajadores, los aspectos de justicia y cohesión social y, en definitiva, de-
bilitan el Estado de Bienestar.

Reducir el déficit público sin otras alternativas que apuesten por el crecimiento no genera actividad
económica: buscar las industrias, sectores y nichos de mercado que permitan crecer en el futuro,
de manera sostenida, equilibrada y duradera, sí favorecerá el crecimiento y desarrollo económico
que arrastrará a la demanda de empleo y favorecerá la reducción de las tasas de paro.

La falta de unión política en la Unión Europea es un elemento importante que
limita la posibilidad de articular políticas más ambiciosas y agresivas

Hay otras alternativas también, como señala la propuesta de la Confederación Europea de Sin-
dicatos, que frente a los planes de ajuste y recorte social propone reforzar los ingresos: es
decir, plantea la necesaria reforma fiscal y la flexibilización del objetivo de reducción del déficit
público del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Una reforma fiscal que en España puede incidir en una mayor progresividad, y por tanto,
equidad social, recuperando asimismo las figuras tributarias suprimidas en la etapa previa a
la crisis (el impuesto sobre el Patrimonio o el impuesto sobre Sucesiones, por ejemplo).

Y no sólo eso: hace falta hacer una revisión de las políticas transferidas a la Unión Europea. La
política monetaria de la Unión tiene como único objetivo la estabilidad de precios, mientras la
Reserva Federal, por ejemplo, además y antes de la estabilidad de precios tiene como cometido
fomentar la consecución del máximo empleo. ¿Por qué no modificar entonces las prioridades
y añadir el crecimiento del empleo a los objetivos que debe alcanzarse con la política monetaria
que trace el Banco Central Europeo? ¿Por qué no reformular las políticas comunitarias en
función de los objetivos señalados en la Estrategia Europa 2020, que pretende convertir a la
UE en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de
empleo, de productividad y de cohesión social?

La CES desde una posición critica con la estrategia 2020 –por no incluir otros objetivos nece-
sarios como las políticas industriales, energéticas, etc y no establecer los medios para alcan-
zarlos, en particular la armonización fiscal- valora que los objetivos que se comparten –empleo,
educación, I+D+i y reducción de la pobreza-, resultarán imposibles de alcanzar con las políticas
de ajuste y el plan de gobernanza de la Comisión Europea.

Las propuestas de la Comisión Europea pretenden básicamente hacer recaer
sobre los trabajadores todos los enormes costes de la crisis

Las propuestas de la Comisión para las políticas económicas y de empleo, pretenden desregular
más los derechos de los trabajadores (tiempo de trabajo, protección del empleo y sistemas de
protección del desempleo), recayendo sobre estos los enormes costes de la crisis económica.

Las reducciones de los salarios disminuyen la estabilidad de las rentas que proporciona el tra-
bajo; la flexibilidad extrema pone en peligro la estabilidad en el empleo, mientras que la reduc-
ción de las prestaciones por desempleo refuerza el sentimiento de inseguridad de los trabaja-
dores. Todo esto debilitará sustancialmente su posición en la negociación colectiva, y las
empresas lo aprovecharán para ejercer presión hacia nuevas degradaciones de los salarios y
de las condiciones de trabajo. La consecuencia será un nuevo aumento de las desigualdades.

Además, la Comisión Europea reproduce el mismo tipo de errores políticos que, en el inicio,
contribuyeron a la crisis, pues al proporcionar más rentas a las familias ricas, de nivel de
ahorro elevado, la economía se enfrentará a un déficit de la demanda haciendo que el creci-
miento dependa, una vez más, de burbujas de activos y de un aumento del peso de la deuda
privada o, como alternativa, de grandes excedentes de las exportaciones.

Centrándose en las finanzas públicas, la Comisión pierde de vista el hecho de que éstas son
las víctimas y no la causa de la crisis. Fue la deuda privada, y no la pública, la que explotó y la
que se estaba invirtiendo erróneamente en las burbujas de precios de los activos (inmobiliarios).
La deuda pública sólo aumentó como consecuencia de la crisis, y son los estabilizadores auto-
máticos los que han protegido a la economía de lo peor. Debilitar estos estabilizadores sociales
llevaría al desastre en caso de una nueva crisis.

Introduciendo el criterio de la deuda, la tendencia procíclica del Pacto de Estabilidad empeora.
La deuda se reduce más fácilmente cuando la economía crece pero resulta imposible cuando
está en recesión.

Siguiendo una política basada en la oferta cuando el problema es la falta de demanda, el paro
empeorará y las presiones a la baja sobre los salarios lo acrecentarán aún más.

La idea que subyace en la visión de la gobernanza económica de la Comisión es que los salarios
deberían recuperar el papel de la devaluación de la moneda. En lugar de devaluar la moneda na-
cional, las disminuciones salariales deben poner en marcha un proceso de deflación. Este proceso
reproduce los efectos de una devaluación de la moneda mejorando rápidamente los costes de
competitividad de las economías. Sin embargo, no funcionará. Hay una razón por la que los
bancos centrales han defendido durante décadas las ventajas de la estabilidad de precios: la de-
flación hará que las cargas existentes de la deuda privada y pública sean más difíciles de asumir.

La austeridad fiscal, los recortes salariales y sociales se combinan para impulsar la economía
hacia una recesión renovada.

La gobernanza económica y social es demasiado importante para dejarla sólo en
manos de los Ministros de Finanzas y de los Bancos Centrales

Para la Confederación Europea de Sindicatos, y con ella UGT y CCOO, la gobernanza económica
europea ha sido una exigencia desde hace largo tiempo. Desde el comienzo de la Unión Mone-
taria, la Confederación Europea de Sindicatos ha argumentado que una moneda europea
única y un Banco Central Europeo deben complementarse con una coordinación estrecha de
las políticas (macro) económicas nacionales.

Sin embargo, la gobernanza económica, tal como la proponía la CES, perseguía el doble
objetivo de impedir a los Estados miembros recurrir al dumping salarial y social como alternativa
a la devaluación de la moneda nacional, y de potenciar el hecho de que una expansión común
y coordinada de la demanda tiene dos veces el mismo efecto sobre el crecimiento y el empleo
en comparación con una situación en la que los Estados miembros actúan totalmente por su
cuenta.

En lugar de esto, la propuesta de gobernanza económica de la Comisión Europea tiene como
objetivos casi exclusivos el control de la reducción de los déficits públicos y las deudas públicas
de los Estados miembros, reforzando las penalizaciones económicas a quienes no cumplan los
objetivos, y, a través del nuevo procedimiento sobre “déficit macroeconómico excesivo”, promover
reformas estructurales en materias como mercado de trabajo, negociación colectiva, sistemas
de pensiones y de protección social, sobre los que la Unión Europea no tiene competencias.

Por el contrario, el crecimiento económico, el empleo y el necesario cambio de modelo produc-
tivo, son arrinconadas.

La gobernanza económica y social es demasiado importante para dejarla sólo en manos de
los Ministros de Finanzas y de los bancos centrales. La Confederación Europea de Sindicatos
insiste en que debe reorientarse la política económica de la UE hacia el crecimiento económico
y el empleo y que debería conducirlo el Consejo Europeo de Jefes de Estado, con la aportación
y la implicación en el proceso de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, al mismo nivel
que los Ministros de Finanzas.

La Confederación Europea de Sindicatos propone crear un grupo permanente “UE 2020”, en
el seno del diálogo social europeo, en el que el conjunto de los 27 países aborden, con el sin-
dicalismo europeo y las organizaciones empresariales, las verdaderas prioridades que en
materia social, económica y de empleo se están demandado en la Unión Europea.

Para CCOO Y UGT la prioridad sindical es recuperar derechos y generar un
proceso de cambios en la política económica y social del Gobierno

Para UGT y CCOO, hacer que rectifique el Gobierno y con ello generar un proceso de cambios
en su política económica y social, así como la recuperación de derechos, arbitraria e innecesa-
riamente arrebatados, es la prioridad sindical. Para hacer esta prioridad efectiva articulamos
un conjunto de iniciativas y propuestas, contempladas en este documento, que van a estar
acompañadas de nuevos procesos de movilización, si son necesarios, convirtiendo la huelga
del 29 de septiembre en impulsora, desde la capacidad de propuesta y de iniciativa sindical.
CCOO y UGT emplazamos al Gobierno a la negociación que dé como fruto estos cambios para
revertir la reforma laboral, evitar la congelación de las pensiones para 2011 y recuperar el
Acuerdo con los empleados públicos de septiembre de 2009, garantizando la protección de
las personas, impulsando la actividad económica generadora de empleo y favorecedora del
prioritario y urgente cambio en el modelo productivo que impulse un crecimiento sostenible,
equilibrado y duradero. Junto a ello, el diálogo y la negociación con el Gobierno deben servir
para reforzar los sistemas de protección social y fortalecer el papel de la negociación colectiva,
y son, por tanto, elementos centrales de la propuesta sindical.

UGT y CCOO vamos a promover una Iniciativa Legislativa Popular por el empleo
estable y con derechos

La Iniciativa Legislativa Popular por el empleo estable y con derechos que CCOO y UGT vamos
a promover, camina en esta dirección, sabiendo que el trabajo con derechos es el fundamento
del crecimiento económico sostenible. Por ello la creación de más y de mejor empleo es un ob-
jetivo irrenunciable para el movimiento sindical español, como lo es también la restitución de
la causalidad del despido y de la contratación y la regulación a través del Convenio Colectivo
de las relaciones laborales.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 son económicamente
desacertados y socialmente injustos

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 en la versión presentada por el Gobierno
son de supervivencia y un canto a la resignación. Tratan de evitar la bancarrota pero sin financiación
no se pueden asumir las obligaciones de pago salvo que se apueste por la ralentización del creci-
miento y la desprotección de las personas, que son parte fundamental para ese crecimiento.

Un Gobierno no puede presentar unos presupuestos que atiendan exclusivamente a las exi-
gencias de los mercados y de la UE, sin hacerse cargo de las necesidades sociales y su
dinámica creciente, aun sabiendo que cuenta con márgenes de actuación y confiando única-
mente en la recuperación de las exportaciones para alcanzar el 1,3% de crecimiento del PIB.

Todo apunta, a partir de la incidencia que pueden tener los planes de ajuste en la mayoría de
los países de la UE, a que el escenario más realista no es el que fía al crecimiento de las expor-
taciones la evolución positiva del PIB. Es bastante más realista pensar que el crecimiento se
situará en torno al 0,8 por ciento.

Para UGT y CCOO las prioridades en materia presupuestaria deben orientarse hacia el creci-
miento social y económicamente sostenible:

• Atendiendo a la protección a las personas en peor situación (desempleo: prestaciones,
formación y políticas activas de empleo);

• A través de inversiones selectivas, con garantía de mejora del potencial productivo de la
economía española, en especial las de I+D+i, con el objetivo del cambio de modelo pro-
ductivo;

• Mediante una política de vivienda con subvenciones al alquiler que mejore la capacidad
adquisitiva de muchas personas mejorando el acceso a un bien básico;

• Con la extensión completa de la educación gratuita a niños de 0-3 años y una apuesta
seria y decidida hacia la formación profesional de grado medio y superior que sitúe a los
nuevos trabajadores en mejores condiciones para afrontar su inserción en el mercado la-
boral;

• Contando con la actualización de las cuantías de las pensiones junto a una reforma del
sistema que permita garantizar su viabilidad a largo plazo en un escenario de sostenimiento
de la amplia cobertura actual y mejora razonable de la intensidad.

Para eso es necesario que la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2011 retome una política fiscal más ambiciosa y progresiva que evite que
la reducción del déficit público bascule únicamente sobre los recortes en materia de
servicios públicos y de ajustes salariales de los pensionistas y de los empleados públicos.

• En todo caso, al analizar el origen del problema del déficit en España se hace evidente
que la estrategia adoptada por el Gobierno de reequilibrar las cuentas públicas actuando
solo exclusivamente sobre el gasto no sólo es injusta sino que está condenada al fracaso.
Por el contrario, el modelo de reequilibrio público tiene que combinar las políticas de aus-
teridad real con una apuesta decidida para recuperar nuestro nivel de ingresos, al menos
hasta situarnos en la media de la Unión Europea.

• Esto significa actuar en una doble dirección: en primer lugar, y como condición previa, es
imprescindible impulsar de forma inmediata una lucha decidida contra el fraude fiscal;
en segundo lugar, es imprescindible proponer y consensuar una amplia reforma fiscal
que afecte al conjunto de los impuestos y que sirva para devolverle a nuestro sistema tri-
butario las características de suficiencia y equidad propias de los países más avanzados.

Es urgente una estrategia a largo plazo que favorezca el incremento de los
ingresos y no prime únicamente el ajuste vía gastos

Nuestro problema estuvo y está en los ingresos. Si los ingresos se hubieran comportado como la
media europea, el déficit español en 2009 hubiera sido poco más del 5 por ciento del PIB, lo que
nos habría situado en una posición cómoda entre los mejores de los grandes países de la UE.

La comparación de lo que ha sucedido en el período de crisis con los impuestos en España y
el resto de países de la Unión es realmente sorprendente. Mientras que en estos dos años la
presión fiscal en los grandes países de la UE se mantenía o incluso aumentaba, en nuestro
país se desplomaba. Si en 2007 la presión fiscal española estaba 3,8 puntos por debajo de la
media, en 2009 el diferencial se dispara hasta 9,5 puntos.

Con este dato España se sitúa en el grupo de países con menor presión e ingresos públicos.
España comparte este grupo con Rumania y Letonia y estamos ahora a más de veinte puntos
de países como Suecia, Dinamarca o Finlandia. Esta es la realidad actual de la fiscalidad es-
pañola: partiendo de un nivel bajo, la crisis nos ha colocado en el pelotón de cola de la UE.

CCOO y UGT proponemos por tanto actuar sobre la estructura de ingresos del Estado, lo que
exige reconstruir la fiscalidad a través de medidas impositivas, así como otras medidas que
afectan al sistema financiero.

Es necesario plantear una estrategia alternativa a largo plazo para reducir el déficit público vía
ingresos, y no vía reducción inmediata del gasto.

Por tanto, desde UGT y CCOO, como ya hicimos en otras ocasiones, proponemos:

• Combatir de forma efectiva la economía sumergida y el fraude fiscal,

• Recuperar los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones. El primero, eliminado de manera
irresponsable en los procesos de desfiscalización del Estado por parte de los sucesivos
Gobiernos; el segundo, cedido a las Comunidades Autónomas y que en una parte de las
mismas también ha desaparecido,

• Crear nuevas vías impositivas, que indudablemente soportará el conjunto de la población,
pero que debe reforzar la progresividad fiscal en nuestro país, exigiendo mayor contribución
a las rentas más altas.

• Abordar el incremento del IRPF para las rentas salariales más altas,

• Endurecer el tratamiento fiscal del capital (intereses, dividendos y plusvalías, entre otros)
y de las grandes fortunas,

• Rediseñar la imposición de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV),

• Aumentar el IVA a los bienes de lujo,

• Crear una tasa específica al sector financiero, ya que ha consumido y va a seguir consu-
miendo recursos públicos para abordar su necesario proceso de reestructuración, y por
tanto, debe contribuir también a reforzar los ingresos del Estado,

• Establecer un impuesto a las transacciones financieras internacionales, como un instru-
mento que puede contribuir a refinanciar los costes de la crisis y financiar otros objetivos
de interés público como la lucha contra la pobreza y el cambio climático. Constituye un
impuesto progresivo en la medida que sólo afectaría a aquellas instituciones implicadas
en transacciones puramente especulativas.

La creación de empleo con derechos debe ser la prioridad del Gobierno y es la
base sobre las que se articulan las propuestas de CCOO y UGT

La destrucción de empleo continúa alcanzando cotas inasumibles y que, sin embargo, no apa-
recen como prioridad de la política económica del Gobierno, que en los Presupuestos Generales
del Estado para 2011 revalida una política económica errónea y socialmente injusta, que de
no modificarse, lastrará el crecimiento, hará disminuir la demanda efectiva y aumentará el
paro. La tasa de paro en España se encuentra ya 10 puntos por encima de la UE27.

Y el principal problema del mercado de trabajo es que al desempleo estructural, que tradicio-
nalmente afecta a mujeres e inmigrantes y a los jóvenes, se le añade un paro cíclico que
afecta en estos momentos básicamente a los hombres (por el derrumbe del sector de la cons-
trucción y todos los que de él dependían).

En este sentido, la mayor incidencia del desempleo masculino, unido a la todavía baja tasa de
actividad de las mujeres, hace que la ruptura de la economía del hogar sea aún más grave,
con un creciente número de hogares donde todos sus miembros están en paro.

El elevado peso del desempleo entre los trabajadores de menor cualificación convierte la for-
mación en un elemento clave de la creación de empleo de calidad.

En España el paro juvenil está alcanzando las mayores tasas de toda la Unión Europea, a lo
que se añade el alargamiento del tiempo en desempleo (ante la falta de actividad económica)
de manera que los desempleados cubiertos por prestaciones por desempleo van disminuyendo.
Esto convierte la creación de empleo en prioridad absoluta de la política económica.

Por tanto, son esenciales las propuestas que inciden en el empleo, fundamentalmente a través
de la reactivación de la economía, pero también la intensificación de las políticas de empleo y
de formación para las personas desempleadas; la mejora de la protección por desempleo; el
incremento de la formación para los trabajadores en activo; la necesaria reforma del sistema
financiero, introduciendo cambios en la Ley de Cajas de Ahorro, para dotar de mayor liquidez a
empresas, familias y autónomos; y, en definitiva, el fomento del diálogo social con las Adminis-
traciones Públicas para revisar los recortes salariales y la tasa de reposición del empleo (Oferta
Pública de Empleo).

Luchar contra el desempleo juvenil es atacar también la elevada precariedad

El elevado desempleo juvenil no es únicamente el problema: hay que añadir que su situación
de precariedad laboral es insostenible, lo que aumenta su vulnerabilidad y riesgo de exclusión
del mercado de trabajo.

Dicha precariedad adopta distintas formas: elevada temporalidad y rotación del empleo, con
un peso relativo importante de los contratos temporales y a tiempo parcial no voluntarios; cre-
ciente incidencia de las figuras de trabajo sin relación laboral, como es el caso de las becas;
recurso creciente a los “falsos autónomos”; peores condiciones de trabajo, por el desajuste
entre la formación adquirida y el puesto de trabajo desempeñado, la prolongación de la jornada
laboral y la flexibilidad horaria, y la elevada incidencia de la siniestralidad laboral; menor
acceso a la protección social.

Se deben fomentar los contratos para la formación, como alternativa al recurso inadecuado a
la figura de becas y prácticas no laborales utilizadas para cubrir tareas que son realmente ac-
tividades laborales insertas en el sistema productivo de las empresas, reforzándose el control
del fraude tanto en los contratos formativos como de becas y prácticas que encubren una au-
téntica relación laboral, evitando también, por esta vía la sustitución de otros trabajadores de
la plantilla, y garantizando, en todo caso la protección por desempleo.

Se debe potenciar el carácter formativo de estas modalidades contractuales, actuando para
que la formación sea efectiva y mejore la empleabilidad de las personas jóvenes.

Es preciso trabajar por una mejor adecuación de los tiempos de trabajo, especialmente en re-
lación a la flexibilidad horaria y la distribución de la jornada, garantizando en todo caso, la
compatibilidad entre empleo y formación, tanto entre jóvenes que se incorporan por primera
vez al mercado laboral a través de fórmulas de empleo-formación como entre aquellos que,
dentro del tramo de edad correspondiente, tengan una evidente carencia de cualificación.

En suma, promover la igualdad de trato en el empleo y las condiciones laborales para impedir
que se asiente la idea de que la precariedad de las condiciones laborales es algo “natural” e
“inevitable” en los procesos de transición profesional de los jóvenes.

Dos retos son prioritarios, complementariamente, para mejorar las transiciones laborales de
las personas jóvenes en España: la reducción del abandono escolar temprano; y el aumento
de la participación en la formación profesional.

Hay que reforzar y mejorar el funcionamiento de los Servicios Públicos
de Empleo, así como las políticas activas

Es necesario reforzar y mejorar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo (SPE),
con el objetivo de proporcionar una atención rápida, individualizada e integral a las personas
demandantes en situación de desempleo. Resulta especialmente importante potenciar la labor
de información entre todas aquellas personas que han abandonado sus estudios de forma
temprana y permanecen inactivas, a fin de que puedan integrarse en el circuito de atención de
los Servicios Públicos de Empleo.

La puesta en marcha de distintos mecanismos de intervención temprana por los SPE para las
personas desempleadas debe tener como objetivo fundamental la ampliación y mejora de las
capacidades y cualificaciones de las personas demandantes de empleo. Para ello resulta
básica la formación ocupacional, procurando evitar la reproducción mimética de sus contenidos
y que éstos se ajusten a las demandas del sistema productivo. Un ajuste que debe fundamen-
tarse en una labor previa de detección y análisis de las características y necesidades de cada
territorio.

En este sentido, el papel de las políticas activas en el aumento de la ocupación y en la
reducción del desempleo, aunque depende de otras políticas que contribuyan a dinamizar la
recuperación de la actividad económica en los distintos sectores productivos, se convierte en
fundamental.

Para UGT y CCOO, el eje central es el fortalecimiento de la intermediación laboral desde los
Servicios Públicos de Empleo, dotándolos de más recursos tanto humanos como materiales,
reorientando e impulsando políticas de formación y empleo y no quedando en meras oficinas
gestoras de prestaciones.

La formación, una herramienta clave para la empleabilidad del presente
y del futuro

La mejora de la formación es un elemento esencial a efectos de igualdad social, en la medida
en que las personas con niveles educativos más bajos son más vulnerables en el mercado de
trabajo, especialmente en etapas de crisis como la actual.

Es necesario poner en marcha el sistema de reconocimiento, evaluación y acreditación de las
cualificaciones obtenidas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de aprendizaje.

Además, las economías desarrolladas requieren contar con potentes sistemas de formación
profesional (FP) que den respuesta a las necesidades sociales y productivas en contextos de
rápidas transformaciones y de creciente competencia y apertura económicas. Este contexto y
estas necesidades son particularmente visibles en el caso de España.

Para CCOO y UGT, al desempleo, la protección a las personas es una prioridad

Es preciso ampliar y mejorar la protección por desempleo, ante el incremento de las personas
sin ningún tipo de protección social, y el previsible aumento de los hogares con todos sus
miembros en desempleo, así como la ampliación del número de parados y paradas de larga y
de muy larga duración.

En materia asistencial es preciso suprimir el requisito de responsabilidades familiares para
que los menores de 45 años puedan acceder al subsidio por desempleo.

También lo es ampliar la prórroga del subsidio por dos periodos de seis meses, para los
mayores de 45 años sin cargas familiares e incrementar el importe del subsidio al 100 por
cien del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

Potenciar de otra parte la Renta Activa de Inserción, frente a las limitaciones del Programa
Temporal por Desempleo e Inserción (PRODI), que además en la última prórroga de dicho pro-
grama, ya limitó su acceso a las personas de 33 a 45 años sin cargas familiares, evitando que
en febrero no se llegue a prorrogar esta ayuda.

Por ello es preciso potenciar los instrumentos que forman parte de la acción protectora por
desempleo, y entre ellos la Renta Activa de Inserción (RAI), de la cual, para acceder a la misma,
debe suprimirse el requisito de ser mayor de 45 años así como reducir el periodo de perma-
nencia ininterrumpidamente como desempleado durante doce meses, al igual que establecer
sistemas de protección para los trabajadores y trabajadoras del régimen agrario.

La Negociación Colectiva como mecanismo regulador de la flexibilidad interna

La Negociación Colectiva constituye el ámbito más ajustado para negociar la flexibilidad en las
empresas, frente al planteamiento generalista y por lo tanto arbitrario de la Reforma Laboral;
en la medida en que la Negociación Colectiva se adapta a los ámbitos concretos, cubre los
vacíos existentes, y se administra autónomamente, es decir, la gestión del convenio se realiza
por parte de los firmantes del mismo.

Ya el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 9 de febrero de 2010, in-
corporó compromisos para la Negociación Colectiva en las empresas como instrumento idóneo
para el mantenimiento del empleo y de la actividad productiva, los procesos de reestructuración
de las empresas y sobre los procesos de consulta y participación, que la CEOE ahora pretende
ignorar y que el Gobierno, a través de su Reforma Laboral, ha ninguneado.

El índice de materias que sobre flexibilidad interna y reestructuración se citaban en él son las
de movilidad funcional, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo individual y
colectivo, régimen de traslados y movilidad geográfica, suspensiones de contrato por causas
económicas, técnicas, organizativas, y de producción y por fuerza mayor, gestión del tiempo
de trabajo, formación y cualificación profesional, representación de los trabajadores en la em-
presa o, en ausencia de dicha representación, participación de las organizaciones sindicales
más representativas del sector, participación en los consejos de administración y en las comi-
siones de seguimiento en los planes estratégicos, planes industriales y organización del trabajo,
y sobre derechos de información y consulta en los procesos de reestructuración, externalización,
contratas, subcontratas y sucesión de empresas.

Medidas para completar y fortalecer la estructura de la Negociación Colectiva

UGT y CCOO a través de la firma de dicho acuerdo se comprometieron a iniciar las actuaciones
necesarias para una reforma del marco regulador de la Negociación Colectiva. Hoy nos reafir-
mamos en este compromiso que, hasta el momento, no ha sido posible abordar debido a la
negativa manifestada por parte de la CEOE.

Para CCOO y UGT, la estructura negocial en nuestro sistema de relaciones laborales carece de
mecanismos de articulación y ordenación de los niveles de negociación adecuados lo que con-
lleva patologías que se han enquistado en nuestro sistema de Negociación Colectiva.

La regulación legal no refleja la compleja y variada realidad negocial de nuestro sistema de re-
laciones laborales ya que impone limitaciones a las iniciativas de articulación autónoma de la
negociación colectiva y ha quedado superada por la complejidad de la organización de las em-
presas.

La falta de homogeneidad de nuestra estructura negocial encuentra una cierta explicación en
la compleja caracterización de nuestro tejido productivo: dimensiones de las empresas de los
mercados según ámbitos geográficos y de las actividades del tejido productivo.

Para UGT y CCOO es necesario actuar desde la autonomía sectorial en la vertebración y articu-
lación de la negociación colectiva, la coordinación sectorial estatal y la redefinición de sectores
de actividad económica; medidas para potenciar convenios sectoriales y su articulación con
los convenios de ámbito inferior: provinciales, autonómicos, de empresa o con los acuerdos de
empresa; resolver los factores que generan inseguridad jurídica en la ordenación de las fuentes
de la relación laboral; las reglas de concurrencia y distribución de materias entre los distintos
ámbitos de negociación colectiva; los instrumentos para el seguimiento y control de la aplicación
de lo acordado convencionalmente en materia de articulación; la atomización y fragmentación
de los Convenios Colectivos; la cobertura de las actividades sin Convenios Sectoriales de refe-
rencia mediante la ampliación de ámbitos funcionales, la extensión de convenios o la creación
de nuevos; la creación de nuevos ámbitos de negociación garantizando la ausencia de concu-
rrencia y la invasión de ámbitos negociales ya establecidos; los ámbitos personales; la adapta-
ción del sistema de negociación colectiva a las nuevas actividades económicas: grupos de em-
presa, el trabajo de empresas “en red”, empresas con dos o más actividades, empresas de
dimensión comunitaria; y, por último, la negociación colectiva y las normas sobre concurrencia
en los mercados.

CCOO y UGT, se reafirman en que los procesos “de descuelgue”, contrariamente a lo que se
establece en la Reforma Laboral, deban formar parte de los contenidos convencionales, del
propio Convenio Colectivo y por tanto, quedar sometidos a su regulación.

Para UGT y CCOO el Sistema de Seguridad Social en su conjunto y
concretamente el sistema de pensiones, son un instrumento estratégico de
redistribución de la renta

El Sistema de Seguridad Social en su conjunto, y concretamente el sistema de pensiones, es
un instrumento estratégico de redistribución de la renta, así como un elemento de estabilidad
económica que afronta el ciclo vital de las personas y limita los efectos negativos que se pro-
ducen sobre las personas a lo largo de su vida por carencia de actividad o rentas. Su existencia
favorece la cohesión social, la actividad económica, refuerza la demanda interna de bienes y
servicios y, con ello, es, además, un motor de creación de empleo. Por ello, CCOO y UGT hemos
estado y continuaremos estando firmemente comprometidos con su desarrollo y estabilidad.

El Pacto de Toledo es el marco para enfrentar los retos que tiene nuestro sistema
de Seguridad Social

En este ámbito, el Pacto de Toledo es el marco idóneo para enfrentar los retos que tiene
nuestro sistema de Seguridad Social. El consenso social y político es necesario en política
social y máxime en aquellas prestaciones que se causan a largo plazo, como las pensiones. El
Pacto supone un valor en sí mismo tanto por su significado político, como verdadero “Pacto de
Estado”, que hasta ahora ha preservado las pensiones del debate electoral, como por los re-
sultados prácticos que ha conseguido en la configuración y consolidación del Sistema. UGT y
CCOO tenemos la firme convicción de que preservar este método basado en la negociación y
el acuerdo político y social sobre el sistema de pensiones es la mejor fórmula para mantener
su fortaleza actual y adoptar, con la serenidad y anticipación suficientes, las medidas que
precisa en cada momento y con perspectiva de futuro. Llevamos más de 15 años acordando
reformas, mejorando los niveles de protección social y garantizando su sostenibilidad en el
largo plazo, todo ello con una amplia legitimación social.

CCOO y UGT somos conscientes de la necesidad de mantener este camino de análisis y
reformas para alcanzar la máxima cobertura de la población con un sistema público de pen-
siones que constituyan su renta principal y suficiente en un marco de sostenibilidad financiera,
compatible con una mejora sensible de la calidad de vida de la población española y, concre-
tamente, de los pensionistas del sistema.

Los retos que debe abordar nuestro sistema de pensiones vienen determinados fundamental-
mente por un proceso demográfico que extenderá sus efectos en unas décadas, pero también
de la cantidad y calidad del empleo y de la cuantía de los salarios de quienes tienen empleo,
así como de los profundos cambios familiares y la aparición de nuevas necesidades sociales.

Somos conscientes de ello y de la necesidad de adecuar paulatinamente nuestro sistema de
pensiones a las nuevas exigencias. Pero debemos hacerlo partiendo de la actual fortaleza fi-
nanciera del sistema, lo que garantiza un margen temporal más que razonable para afrontar
el debate de las reformas.

UGT y CCOO rechazamos la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años y
otras propuestas socialmente injustas y económicamente innecesarias.

No cabe justificar en la coyuntura actual de crisis reformas unilaterales que extenderán sus
efectos en el largo plazo y que tienen como único objetivo el recorte de las cuantías de las pen-
siones. En este sentido, la decisión de congelación de las pensiones contributivas en 2011; la
propuesta de ampliación del periodo de carencia para tener acceso a una pensión actualmente
situado en 15 años, penalizando a los trabajadores peor situados en el mercado de trabajo y
desincentivando la cotización a la Seguridad Social; y, finalmente la propuesta de retraso obli-
gatorio de la edad legal de jubilación a los 67 años resultan injustas, excesivas e innecesarias.

En el mismo sentido, más allá de las opiniones dispares sobre el denominado cheque bebé, la
supresión de éste y de la pequeña mejora en la asignación por hijo a cargo menor de 3 años,
en un país con la menor protección por hijos de la Unión Europea y con menores tasas de na-
talidad, debería haber supuesto una apuesta por la educación infantil y de avance en materia
de protección a las familias, tanto por la merma de la ya escasísima protección dirigida a éstas
como por la renuncia a influir sobre la evolución demográfica.

La sostenibilidad del sistema de pensiones empieza por garantizar su salud financiera actuando
en tres direcciones: reforzando su estructura de ingresos, impidiendo conductas adversas de
planificación personal y reforzando la equidad y justicia internas del Sistema.

CCOO y UGT realizamos propuestas alternativas a las realizadas por el Gobierno

UGT y CCOO hemos planteado en la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y Evaluación del
Pacto de Toledo propuestas que se constituyen como reformas alternativas a las realizadas
por el Gobierno.

Proponemos que en materia de Seguridad Social:

• Debe darse cumplimiento a los compromisos del Acuerdo de Pensiones de 2006, de una
parte a la integración en el Régimen General de los Regímenes especiales de empleadas
de hogar y los trabajadores por cuenta ajena del sector agrario; de otra, la definición nor-
mativa del procedimiento de reconocimiento de trabajos tóxicos, penosos, insalubres y
peligrosos y el acceso, en su caso, a la jubilación de forma anticipada.

• La nueva reforma, al igual que las anteriores, debe incidir en los principios que inspiran
nuestro actual sistema público de pensiones: suficiencia de prestaciones, sostenibilidad,
adaptación a las nuevas realidades sociales, contributividad y solidaridad social.

Para reforzar la estructura de ingresos del Sistema debemos actuar en el corto y en el medio
plazo:

• Las cotizaciones sociales son y deben seguir siendo la fuente básica de financiación de
las prestaciones contributivas.

• Las aportaciones públicas deben incrementarse en el marco de separación de fuentes
de financiación del Sistema previsto en acuerdos anteriores y en línea con las recomen-
daciones del Pacto de Toledo de 1995.

• Culminar el proceso de separación de fuentes de financiación, con especial relevancia de
los complementos a mínimos y la asunción por parte del Estado, entre otros, de los
gastos de personal de la estructura de la Seguridad Social.

• La integración de los regímenes especiales agrarios y de empleadas de hogar en el Régi-
men General mejora la estructura de ingresos del sistema y, muy especialmente, los
niveles de protección social de los trabajadores y trabajadoras en ellos integrados.

• La mejora de las bases mínimas de cotización, de forma simultánea al incremento del sa-
lario mínimo interprofesional SMI hasta alcanzar el 60% de los salarios medios negocia-
dos

• El incremento de las bases máximas de cotización, con su traslado también de las
cuantías de las pensiones máximas sin que ello suponga una merma del principio de so-
lidaridad. Esta medida aumenta los ingresos del Sistema, reforzando la protección social
del mismo sobre un colectivo importante de personas que cotizan por estas bases.

La mejor garantía sobre los ingresos del Sistema tiene que ver con el mercado de trabajo: la
cantidad y la calidad del empleo, la mejora de nuestras tasas de actividad, especialmente la
femenina, de la cualificación profesional, de la estabilidad en el empleo, la reducción del des-
empleo y de la precariedad laboral de los jóvenes.

Una política adecuada de protección a las familias fundamentada en la provisión de prestaciones
sociales y servicios públicos que eliminen todos aquellos obstáculos de orden económico,
social y laboral, que dificultan que éstas tengan los hijos que deseen; que hagan compatible el
cuidado de los hijos con la actividad laboral de hombres y mujeres, mediante la extensión de
servicios de atención a la infancia, especialmente las escuelas infantiles de 0 a 3 años, y a
otras personas dependientes; que mejore la protección en los supuestos de maternidad/pa-
ternidad; que compense a las familias mediante prestaciones económicas suficientes, espe-
cialmente a las de menos recursos y con un solo progenitor, por los gastos que supone el
cuidado de los hijos. Todas ellas son medidas estructurales de mantenimiento del sistema
que tienen efectos sobre su sostenibilidad en el largo plazo.

Para actuar sobre la estructura de gastos desincentivando los mecanismos de planificación
adversa que la regulación actual permite:

• Profundización de la “jubilación flexible” mediante un mecanismo de incentivos al retraso
voluntario de la jubilación más allá de los 65 años, con el fin de acercar la edad real de
jubilación a la edad legal.

• Generalización del derecho a la jubilación anticipada, estableciendo coeficientes correc-
tores actuarialmente neutros.

Respecto de los comportamientos en materia de cotización, la nueva reforma de pensiones
debe operar sobre los mismos reforzando los elementos de contributividad. La posibilidad de
elegir la base de cotización en unos regímenes y la existencia de bases preestablecidas, inde-
pendientes de los salarios que se perciben, en otros, provocan importantes distorsiones sobre
la equidad del sistema. Es necesario actuar para que todos los afiliados al sistema de Seguridad
Social coticen por sus ingresos reales, limitando o impidiendo la posibilidad de elección de ba-
ses.

Sobre el conjunto de propuestas presentadas por el Gobierno el 29 de enero de 2010, mostra-
mos nuestra voluntad de profundizar en aquellas medidas que no se limiten a un mero recorte
de gastos del Sistema sino que actúen reforzando la solidaridad social y la equidad individual.
Los objetivos fundamentales de estas medidas deben ser:

• Mejorar la protección social de las personas que se ven obligadas a abandonar el mercado
de trabajo en los últimos años de su vida laboral.

• Desincentivar los comportamientos de planificación personal para obtener pensiones.

• Mejorar el reconocimiento del mayor esfuerzo de cotización de aquellas personas que co-
tizan más de 35 años.

Desde una perspectiva de adecuación del Sistema de Pensiones a la realidad social, CCOO y
UGT creemos necesario abordar:

• Una reflexión sobre la necesidad de adaptar la pensión de viudedad y orfandad a la
realidad actual, mejorando las prestaciones de los beneficiarios y abordando la necesidad
de redefinir las situaciones que dan acceso a estas prestaciones.

• El reconocimiento de periodos de cotización por el nacimiento y cuidado de hijos, relacio-
nados con la acreditación de periodos mínimos de actividad.

• Facilitar el acceso del derecho a las pensiones a los grupos más vulnerables y con carreras
más irregulares.

• La mejora de las pensiones mínimas con el fin de evitar el riesgo de pobreza.

En este escenario no hay margen para reducir cotizaciones sociales, so pena de reducir las
prestaciones sociales y comprometer la sostenibilidad futura del sistema. La mejora de la
competitividad de nuestra economía no depende de una rebaja de cotizaciones sociales, pero
la sostenibilidad de nuestros sistemas de protección social sí depende de su mantenimiento e
incluso de su aumento.

Para UGT y CCOO el cambio del modelo productivo es indispensable

El desarrollo del sector industrial en España parte de una menor dimensión en términos gene-
rales que el de otros países del área europea porque la gestión del proceso de reestructuración
y privatización empresarial ha debilitado aún más el posicionamiento de la actividad industrial
en la economía. Esta menor dimensión se convierte en el elemento principal de su dependencia
tecnológica y de su baja participación en el comercio exterior.

Para que el cambio sea efectivo es preciso atender a la estructura y las características de cada
sector, es imprescindible definir los sectores productivos más estratégicos, por el valor añadido
o por el nivel tecnológico que aportan, y garantizar su mantenimiento y desarrollo a través de
planes específicos de futuro.

No sólo es necesario fomentar nuevos sectores, sino modernizar los existentes, analizando su
potencial de dinamismo en términos de producción, innovación y empleo. La falta de liderazgo
institucional exige redefinir el papel de lo público, que ha funcionado desde la espontaneidad
y con visión cortoplacista, y de su coordinación con el sector privado. Es necesario plantearse
cuál ha sido y cuál va a ser la política industrial de España.

Al igual que es necesario el desarrollo de políticas concretas vinculadas al Turismo y a los sec-
tores de los Servicios, tanto los avanzados como los destinados a las personas.

Es necesario dar contenido al cambio productivo porque el mercado laboral actual, caracterizado
por una fuerte flexibilidad externa, es la única política industrial que se ha realizado. Si se
quiere salir de la crisis hay que hacer revertir la reforma laboral, que favorece la especialización
productiva en sectores de bajo valor añadido.

Al mismo tiempo, deberían establecerse medidas dirigidas al seguimiento exhaustivo y siste-
mático de los procesos sectoriales y locales de reestructuración, que incorporan la descentra-
lización productiva y deslocalización, mediante estrategias de anticipación ante los futuros
cambios en los sectores productivos.

Para el futuro más inmediato, en el ámbito de las actuaciones públicas y privadas así como en
la perspectiva del asentamiento y normalización de la economía española, es indispensable
incrementar el ritmo de actuaciones en todo lo relacionado con la transformación del modelo
productivo.

Los principales objetivos en materia de política industrial deben contemplar la necesidad de
convergencia y coordinación con otras políticas desarrolladas en el marco de las estrategias
macro y microeconómicas, impulsadas desde el Ejecutivo para compaginar crecimiento eco-
nómico y desarrollo sostenible, y relacionadas con las políticas de empleo, de formación y sis-
tema educativo, medidas medioambientales, infraestructuras, planes de I+D, etc.

Hay que potenciar una política industrial que impulse el desarrollo de las
producciones más intensivas en tecnología

Es imprescindible que la nueva política industrial se oriente no sólo al desarrollo de actuaciones
horizontales de alcance general (incremento de la competencia en los mercados, fomento de
la investigación tecnológica, fomento del espíritu emprendedor y cualificación profesional de
los trabajadores), sino a fijar prioridades sectoriales, es decir una política industrial que
favorezca claramente el desarrollo de las producciones más intensivas en tecnología y establezca
objetivos de desarrollo sectorial en los sectores con consideración de estratégicos.

Para CCOO y UGT es necesario el impulso a procesos de reindustrialización en los sectores so-
metidos a procesos de cambio o adaptación, donde se producen pérdidas significativas de ca-
pacidad productiva y de empleo por operaciones de ajuste o reestructuración en las empresas
productivas del sector industrial, o por procesos de deslocalización que condicionen significa-
tivamente el tejido industrial de su zona de influencia.

Además, hay que impulsar medidas que:

Tengan como objetivo la sostenibilidad energética y la Eco-innovación, asegurar el abastecimiento
energético y el marco tarifario estable, trasparente y asequible, como garantía de lucha contra el
cambio climático y como factor de desarrollo industrial y de mejora de la competitividad de las
empresas españolas, en un marco medioambientalmente sostenible. Donde se incluya además
una verdadera estrategia de investigación y desarrollo, y de inversiones públicas y privadas en
fuentes de energía renovables, coches híbridos, tecnologías de eficacia energética que reduzcan
las emisiones de gases con efecto invernadero, hidrógeno, la captura y almacenamiento de
carbono, así como mecanismos innovadores para desarrollar recursos adicionales que ayuden al
despegue de las energías renovables y del ahorro, la eficiencia y la eficacia energética.

En materia de infraestructuras y transporte, que permitan evaluar el grado de desarrollo del
PEIT y cómo afecta el actual contexto económico a su aplicación, ya que no se justifica la
puesta en marcha de diferentes medidas parciales, que además de aumentar el grado de dis-
persión de las actuaciones, rompen el papel que éste tiene como instrumento de planificación
indicativa en materia de infraestructuras. La estructura productiva sectorial española es alta-
mente dependiente del sistema de transporte; ello exige un reequilibrio modal potenciando el
factor de crecimiento del que dispone en nuestro país el ferrocarril y el cabotaje marítimo. Es
imprescindible, por tanto, la finalización de los ejes transversales que tienen carácter vertebrador

y que, como consecuencia del actual contexto económico, no pueden de nuevo, quedar
excluidos de las actuaciones a acometer.

Sobre la infraestructura de telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, sector clave
por su gran capacidad para innovar, invertir y seguir generando crecimiento y empleo, mejorar
la capacidad, calidad y conectividad de las redes potenciando la implementación de un Servicio
Universal de banda ancha de calidad y las redes de nueva generación.

Para avanzar en desarrollo de nuevos materiales y procesos, así como en materias de biotec-
nología y salud, impulsar la investigación científica, tanto básica como aplicada, un fin para el
que es necesario al menos mantener, sino incrementar, los recursos.

Potenciar un mercado industrial de materiales de construcción mucho más competitivo y que
permita su expansión en los mercados exteriores, fomentando la rehabilitación urbana y la
edificación sostenible. Con ello se busca una ‘reconfiguración industrial’ desde las necesidades
internas del sector de la construcción, lo que conllevaría una adaptación progresiva hacia ele-
mentos constructivos más elaborados y de alto valor añadido, evitando la destrucción de
puestos de trabajo con la adaptación paulatina de la industria de materiales, en instalaciones
y en formación de los trabajadores, y el desarrollo de las Empresas de Servicios Energéticos.

Por tanto, el sistema de incentivos para el desarrollo de la política industrial se ha de basar en
medidas que atiendan a los siguientes criterios de idoneidad:

• Que contribuyan de manera directa a crear o mantener actividad y empleo estable con
efecto duradero.

• Que involucren a un número mayor de sectores auxiliares.

• Que favorezcan la internacionalización y un mayor tamaño medio de las empresas.

• Que tengan un mayor potencial en el medio y largo plazo, desarrollándose en sucesivas
fases con distintos instrumentos.

• Que conlleven un impulso a la innovación relacionada con actividades sostenibles

Para ello es necesario agregar y reorientar los instrumentos de financiación de iniciativas y
apoyo a la actividad de los sectores industriales, estableciendo objetivos a medio y largo plazo
mediante:

• Diseño de nuevas ayudas e incentivos para actividades clave y rediseño de los ya existentes.

• Incentivos horizontales al conjunto de la industria que posibiliten una mejor situación del
conjunto del sector, fijando unos criterios básicos a cumplimentar en función de los objetivos
de sostenibilidad ya indicados y de los criterios de selección posteriormente definidos.

• Destino de fondos, de forma selectiva, para actuaciones de inversión y gasto público en
sectores estratégicos ya definidos.

• Estudio y aplicación de posibles cambios normativos que favorezcan la adopción de un
sector industrial más sostenible y fomenten la innovación, especialmente en aquellos de
nueva creación o emergentes.

La manera de mejorar el Estado Social es reforzar los Servicios Públicos

El cambio de modelo productivo necesario en el que basar el crecimiento económico sostenible
duradero y equilibrado, requiere de un Estado de Bienestar amplio y fortalecido. Sólo se logrará
con el refuerzo de los Servicios Públicos.

En Sanidad, el Sistema Nacional de Salud debe seguir basándose en los principios de univer-
salidad, equidad, corrección de desigualdades y participación social, orientándose hacia la
mejora de la calidad, la innovación y la cohesión. Además, constituye uno de los sectores pro-
ductivos más dinámicos y generadores de empleo del país, es un sector estratégico de la eco-
nomía española de alto valor añadido y conocimiento, así como un poderoso factor de igual-
dad.

En Educación, cuyo carácter eminentemente público garantiza el acceso al conocimiento y co-
rrige discriminaciones, es necesario incrementar la inversión, elevando la calidad en todos los
niveles educativos, luchando contra el fracaso y el abandono escolar, y reforzando el aprendizaje
permanente de adultos.

En política de atención a la Dependencia, instrumentada mediante servicios públicos a las
personas. La atención a la Dependencia a través de Servicios Profesionales supone, además,
uno de los sectores de actividad en los que el empleo ha crecido aún en estos años de crisis
económica y con un potencial de creación de puestos de trabajo en el futuro inmediato cons-
tatable a partir de los datos demográficos.

Recuperar el Diálogo Social como instrumento para lograr los objetivos
económicos y sociales

Las medidas que se deben llevar a cabo pasan por declarar como principal objetivo de la
política económica actual el fomentar un crecimiento económico

• Sostenido, que no sufra con la gravedad actual los cambios cíclicos de la coyuntura eco-
nómica,

• Duradero, para que permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para
las generaciones futuras, y

• Equilibrado, tanto con el entorno, con el medio ambiente, como en la distribución de la
renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos económicos.

Por tanto, ha de ser un crecimiento económico construido sobre la base de un Estado de Bien-
estar que persiga a su vez la cohesión social.

Teniendo en consideración este objetivo general, los mecanismos para lograrlo han de basarse
en la recuperación del diálogo social, con medidas de cooperación y encuentro y no soluciones
unilaterales e impuestas.

Pero recuperar el Diálogo Social pasa por tener en cuenta que hasta ahora no se ha ajustado
y se ha vulnerado la “Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad
y el progreso social”, de julio de 2008.

Recuperar el Diálogo Social, por tanto, exige compartir objetivos, especificar propuestas y
debatir y negociar las alternativas. Hay que partir de un marco general de política económica
orientado a la creación e empleo y reforzar el Estado de Bienestar. Por tanto, hay que restablecer
las bases del Diálogo Social, incluyendo la recuperación del Acuerdo con la función pública de
Septiembre de 2009.

Para ello, el primer paso será recuperar la autonomía del marco de las relaciones laborales: la
reforma de la negociación colectiva debe pactarse entre los interlocutores implicados, patronal
y sindicatos, para lo cual, ambos debemos participar y declarar las propuestas a discutir, y no
esperar a la imposición unilateral del Gobierno.

El punto de partida se sitúa en desbloquear los convenios que actualmente se encuentran paralizados y cumplir con lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012.

En definitiva, debemos exigir la retirada de los aspectos lesivos que ha impuesto la reforma la-
boral y recuperar el diálogo social como marco de trabajo para el desarrollo de los instrumentos
de política económica y social que permitan alcanzar el objetivo último: salir de la crisis con
una economía reforzada, que nos permita no sólo crecer económicamente y por tanto recuperar
los niveles de empleo, sino hacerlo de una forma sostenida, duradera y equilibrada, apostando
por la calidad del trabajo en un consolidado Estado de Bienestar.

El sindicalismo confederal español va a desplegar una amplia e intensa ofensiva
sindical en materia de empleo y de derechos

El sindicalismo confederal no es un sindicalismo a la defensiva, lo ha demostrado históricamente:
el sindicalismo es un sujeto activo, propositivo, configurador de derechos, defensor de los mis-
mos, garante de su efectivo ejercicio, cuya misión última es la de transformar la realidad para
mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora.

UGT y CCOO vamos a desplegar una amplia e intensa ofensiva sindical que, partiendo del
rechazo a las injustas y lesivas medidas hasta ahora adoptadas por el Gobierno, que han des-
embocado en un conflicto que permanece abierto después de la Huelga General del 29 de
septiembre, sirva para reforzar la iniciativa, impulsando un fuerte proceso de movilización sos-
tenida, defendiendo las propuestas que en este documento se expresan, movilizando a los tra-
bajadores y trabajadoras, y generando una dinámica social que haga retroceder las políticas
socialmente injustas que el Gobierno ha adoptado y dibuja en el horizonte.

Las reformas que exigen los organismos internacionales, presionados por los mercados, no
pueden ser el eje de la política económica del Gobierno, impuesta de manera unilateral. La po-
lítica económica que afecta a las bases del Estado del Bienestar requiere de un amplio debate
social, en el que los sindicatos participamos aportando alternativas y propuestas, que han de
ser tenidas en cuenta. Es hora de que el Gobierno manifieste si está dispuesto a retomar el
Diálogo Social y la Negociación como marco de actuación de la política económica y social del
país.

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Alternativas sindicales a la política económica y social del Gobierno

dimarts, de novembre 02, 2010