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VICENÇ NAVARRO

Este artículo detalla el contexto político en el que ocurrieron las manifestaciones del movimiento 15-M en el Parque de la Ciutadella donde está ubicado el Parlament de Catalunya. Estos hechos fueron provocados por la propuesta presupuestaria del gobierno CiU que contiene los recortes más profundos de los servicios y transferencias del Estado del Bienestar, nunca vistos antes durante la época democrática. Tales propuestas, altamente impopulares, se hacen por un partido gobernante que obtuvo un apoyo electoral minoritario y en cuyo programa electoral no estaban incluidos tales recortes y cuyo candidato Artur Mas había negado repetidamente durante las campañas electorales que haría tales recortes. El artículo detalla también los hechos ocurridos en aquellas manifestaciones que corrigen muchas de las tergiversaciones que se han presentado en los mayores medios de información tanto públicos como privados.

Hace unos días, el 15 de junio, el Parlamento de Catalunya era convocado para aprobar los presupuestos propuestos por el gobierno CiU que contenían los recortes más sustanciales nunca vistos en aquel parlamento de los fondos destinados a los servicios públicos del Estado del Bienestar catalán, incluyendo sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, a las escuelas de infancia, y a otros servicios y transferencias que juegan un papel fundamental en garantizar la calidad de vida y del bienestar social de las clases populares. Es más, tales presupuestos tendrán un impacto muy negativo en el empleo (destruyendo empleo público) y en el nivel de los salarios, reduciéndolos (no sólo entre los empleados públicos, sino también entre los trabajadores en general, pues el nivel de los salarios de los empleados públicos afecta a nivel de los empleados en el sector privado). Es más, tal presupuesto irá acompañado pronto de un proyecto de Ley, que elimina muchos derechos adquiridos y expandidos por el gobierno tripartito de izquierdas durante el periodo de su mandato 2003-2010 (el único periodo desde 1939 en que Catalunya estuvo gobernada por las izquierdas).

Estas medidas se están llevando a cabo por el partido gobernante CiU, una federación de dos partidos, uno liberal y otro cristiano demócrata, que comparten en este momento un ideario neoliberal (de sensibilidad nacionalista catalanista) con el apoyo del Partido Popular de Cataluña, un partido conservador-neoliberal (de sensibilidad nacionalista españolista). Ambos partidos tienen amplio apoyo por parte de la burguesía financiera y empresarial que, en la última reunión del Círculo de Economía, en Sitges, aprobó tales políticas de recortes y reformas que reducirán enormemente el gasto público social y los derechos laborales. En realidad, estos recortes y reducciones gozan de un amplio apoyo en los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos del país, presentándolos como necesarios para “recobrar la confianza de los mercados financieros”, la frase más utilizada en los mayores medios de comunicación en Catalunya, incluyendo los medios públicos de la Generalitat, tales como TV3 y Catalunya Ràdio, para justificar tales recortes. Un ejemplo de ello es que en sus tertulias raramente se incluyen voces críticas de esta sabiduría convencional, que planteen propuestas alternativas a tales recortes y reducciones (tales como incrementar los impuestos de las rentas superiores que se han beneficiado de los recortes de impuestos aprobados y/o apoyados por CiU y el PP). Y no ha habido ninguna voz discordante de estas políticas (que llaman) de austeridad dentro de tales establishments..

LA JUSTIFICACIÓN SUPUESTAMENTE DEMOCRÁTICA DE TALES RECORTES Y REDUCCIONES

El gobierno CiU de la Generalitat de Catalunya justifica estas políticas como resultado “del voto de la mayoría”, expresión utilizada por su Presidente en varias ocasiones, expresión que ha utilizado, incluso con mayor frecuencia, a partir de las elecciones municipales que, según las leyes electorales vigentes en Catalunya, dieron resultados muy favorables a tal partido. El argumento justificador de tales políticas, pues, ha sido que el gobierno tiene toda legitimidad democrática para implementar tales políticas.

En tal discurso, deliberadamente se oculta que CiU, en su programa electoral, nunca hizo referencia a estos recortes y reducciones. Es más, su candidato, el Sr. Artur Mas, ahora Presidente, repitió durante la campaña en múltiples ocasiones que no haría recortes en sanidad ni en educación, ni reduciría los derechos sociales. Lo mismo hizo, por cierto, el PP de Cataluña, que nunca incluyó tales recortes y reducciones en su programa.

A pesar de ello, el gobierno CiU (que había apoyado todos los recortes de impuestos realizados por los gobiernos Aznar y Zapatero) hizo tales recortes de gastos públicos sociales inmediatamente después de haber salido elegido, argumentando que había encontrado un déficit de las cuentas públicas de la Generalitat mucho mayor de lo que se esperaba. La rapidez con que hizo los recortes diluye, sin embargo, su credibilidad. Es más, sumando los votos a los partidos de izquierda en Catalunya (1.220.926, Tripartit) en las últimas elecciones municipales, éstos son mayores que los votantes de las derechas (1.141.597, CiU+PP). Si a estos números se suman los votos en blanco y la mayoría de la abstención (que las encuestas de sondeo de comportamiento electoral muestran que eran mayoritariamente de izquierdas) resulta que en las últimas elecciones municipales a las cuales el Presidente Mas ha hecho también referencia para justificar sus medidas, la mayoría del electorado (la población que votó más la que no votó pero podía votar), era de centroizquierda o izquierda. Añádase a ello que incluso entre un porcentaje minoritario, aunque elevado del electorado de los partidos de derecha, se opone a los recortes y a las reducciones, favoreciendo en cambio una expansión del estado del bienestar y unas políticas fiscales redistributivas.

Existe, pues, una amplia oposición a los recortes y reducciones en Catalunya, y por lo tanto, a las políticas públicas que se iban a aprobar en el Parlament Catalán por CiU con el apoyo del PP el día 15. Pero antes de analizar la respuesta del movimiento de los indignados, es importante comparar lo que está ocurriendo en Catalunya con lo que está ocurriendo en la Gran Bretaña.


COMPARANDO EL COMPORTAMIENTO DEL ESTABLISHMENT CATALÁN CON EL BRITÁNICO

Como he indicado en un párrafo anterior, existe en Catalunya un consenso en los establishments (que se traduce en su sabiduría convencional) promovida en los medios, de que no hay alternativas posibles a los recortes. En Gran Bretaña, el gobierno del partido conservador (que gobierna en coalición con el Partido Liberal) presidido por David Cameron, ha realizado recortes muy sustanciales del gasto publico social y también ha reducido los derechos laborales y sociales de las clases populares británicas, tal como está haciendo el Sr. Artur Mas en Catalunya. Otro punto de semejanza entre lo que ocurre en Gran Bretaña y en Catalunya es que tales recortes no estaban presentes en su programa electoral. Y, como el Sr. Mas, el Sr. Cameron también prometió durante la campaña electoral no hacer recortes. Y, también como al Sr. Mas, le faltó tiempo al Sr. Cameron para hacer los recortes tan pronto salió elegido, utilizando los mismos argumentos que utilizó el Sr. Mas.

Pues bien, figuras prominentes del establishment británico protestaron. Nada menos que la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana, el Arzobispo de Canterbury, el Sr. Rowan Williams (tal iglesia es tan próxima al Partido conservador, que se la conoce como “el Partido conservador en sotana”), denunció tales recortes y reducciones denunciando que tal comportamiento era inmoral y antidemocrático, pues no tenía el mandato democrático para hacerlo” (Rowan Williams. “Leader: the governments need to know how afraid people are”. New Statesman. 09.06.11.

Ni que decir tiene que, mostrando la escasa cultura democrática del establishment catalán, ninguna voz se ha oído en Catalunya protestando por la inmoralidad y comportamiento profundamente anti-democrático de un gobierno que, inmediatamente después de ser elegido, hace lo contrario de lo que prometió.

LA ENORMEMENTE LIMITADA DEMOCRACIA CATALANA (Y ESPAÑOLA)

¿Qué es lo que la población puede hacer frente a un gobierno que hace lo opuesto a lo que se prometió, y a una mayoría parlamentaria que en nombre de la soberanía popular apoyaba políticas que son profundamente impopulares y que no tienen apoyo entre la mayoría de la población (y ello a pesar del mensaje promovido por los mayores medios de que no hay alternativa posible)? La respuesta deseada por el establishment es nada. Esperar hasta dentro de cuatro años y entonces votar por otros partidos. Esto es lo que se entiende por democracia y por soberanía popular. Es lógico, comprensible y sano para una democracia, que la población no lo acepte. Y de ahí las movilizaciones de los indignados del movimiento 15-M.

EL SALUDABLE EFECTO DEL MOVIMIENTO DE LOS INDIGNADOS

La propuesta de tal movimiento era rodear el Parlamento para protestar por lo que iba a ocurrir en aquella cámara. Un partido al cual apoyaba en las últimas elecciones municipales, realizadas sólo seis meses después de las últimas elecciones autonómicas, sólo el 14.7% del electorado iba a aprobar unas medidas que no estaban en su programa y con las que la mayoría de la población estaba en contra. Parte de la propuesta era dificultar (sin violencia y provisionalmente) la entrada de los parlamentarios. El gobierno y la Presidencia del Parlamento no intentaron negociar con los indignados tal movilización. Y el resultado se salió del plan aprobado por el movimiento 15-M, radicalizándolo. En lugar de provisional, se adoptó por la Asamblea que los parlamentarios no podrían entrar durante todo el día, con lo cual se dio paso a intervención policial. Es más, algunos elementos violentos y no representativos de los manifestantes, agredieron físicamente a parlamentarios, dando pie a una esperada y justa protesta que, sin embargo, se agrandó y amplificó por los medios de mayor difusión para desacreditarlos. En tales medios no se informó de que en realidad, en muchos casos, los indignados protegieron a los parlamentarios de los violentos.

Els matins de TV3, conducido por Josep Cuní, el programa de mayor difusión en Catalunya por las mañanas, mostraba el grado de apoyo popular a los indignados en la mañana de los hechos. La gran mayoría los apoyaba en su protesta. En la medida que los tertulianos y comentaristas iban deliberando y, erróneamente, presentando a los indignados como los violentos, el apoyo desapareció. El programa había conseguido lo que quería. Este programa, que nunca ha definido como antidemocrático el comportamiento del gobierno Mas, ahora definía como antidemocrático el movimiento 15-M, utilizando el término indignados para referirse a los violentos. Y así la mayoría de los medios, ignorando y ocultado que el gobierno y el Parlament habían negado el derecho de reunión en el propio lugar, frente al Parlamento, tal como tenían derecho democrático.

Pero hay otro detalle que no se cita ni se reconoce y que debiera alarmar a todos los partidos con representación democrática en el Parlament de Catalunya y muy en especial a los partidos de izquierda. Gran número de los indignados no se sienten representados por los partidos actuales y, por lo tanto, no tienen la identificación con el Parlament que su propia legitimidad requeriría. De ahí que tales hechos debieran forzar un cambio muy sustancial para recoger las propuestas de regeneración democrática que tal movimiento está proponiendo. Ignorarlas significaría un enorme coste a la democracia, ya tan limitada, existente en Catalunya y en España. Lo que nuestro país requiere es una segunda transición de una democracia incompleta a una democracia real. La primera transición inmodélica se realizó en términos excesivamente favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban los aparatos del estado, tanto en España como en Catalunya. Esta democracia incompleta está, de una manera creciente, mostrando sus enormes limitaciones. De ahí que una juventud más crítica y exigente, con el apoyo de todos los grupos etarios y sociales de las clases populares, esté protestando, y con toda la razón.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 16 de junio de 2011

Etiquetes de comentaris: 15M, democracia

DEMPEUS per la Salut Pública

Amb una fila cero de luxe en la que esperem trobar una bona representació dels moviments socials que defensen la salut entesa de manera plena, una vida millor i els drets laborals i de ciutadania, ens trobarem el proper dia 22 en una convenció per una nova cultura de la salut, amb la participació i la col.laboració de totes i tots.Comptem amb els amics i amigues que, de forma conscient, organitzada i compromesa, s’esforcen per aconseguir un món millor, una atenció sanitària pública sense retallades, uns serveis públics de qualitat… però que entenen també que una societat amb taxes d’atur del 20% –i un atur entre joves i noies de més del 40% és un fracàs imperdonable que cal corregir el més aviat possible.

La nova cultura de la salut ha de recuperar la visió global dels antics metges que varen donar una impronta social a l’exercici de la seva professió a Catalunya. I de la mateixa manera que varen donar arguments per enderrocar les muralles, per humanitzar una indústria neixent, ara ens toca dir que no és de cap manera saludable viure en una economia venuda a organismes i empreses multinacionals que dicten les polítiques segons els seus interessos, ni a unes indústries químiques i farmacèutiques que enverinen els nostres aliments i els nostres cossos, ni a unes institucions financeres que s’apropien dels nostres impostos per a les seves especulacions, mentre fomenten l’atur en retallar els crèdits a les petites i mitjanes empreses, i executen hpoteques que deixen a tants treballadors i treballadores sense casa –si no ho impedim. Les privatitzacions, les retallades, el menysteniment dels drets, tenen clarament biaix de gènere i de classe, desestructuren la nostra societat i estan preparant el camí a una noves formes d’explotació, marginació i infelicitat de les persones: ja estan germinant les llavors del feixisme.

No és bo per la salut que les persones, el medi, la qualitat de vida, les necessaries relacions de suport. participació social i la cultura, siguin mercaderia. I amb la mateixa força volem dir que la SALUT NO POT SER MONEDA DE CANVI DELS GUANYS d’uns pocs, i que ens mereixem una societat millor.

La entrada és gratuïta però us agrairem que ompliu i ens envieu al Full d’incripció a dempeusperlasalut@gmail.com, per calcular la gent que vindrà.

Volem viure en una societat sana, equitativa, plenament democràtica i saludable, en harmonia, autonomia i solidaritat. I perquè sabem que som moltes i moltes les persones que pensem així, les que estem disposades a treballar per una nova cultura de la salut que ens permeti viure en un món més lliure i igual, us esperem i us donem des d’ara, en peu d’igualtat, la benvinguda a la convenció del proper dia 22.

Aquest és el programa:



S’agreuja el dèficit crònic de finançament de la sanitat catalana

CCOO DE CATALUNYA VALORA NEGATIVAMENT ELS PRESSUPOSTOSDEL CATSALUT 2011 PER SER ELS PRIMERS RESTRICTIUS DES DE LES
TRANSFERÈNCIES SANITÀRIES DE L’ANY 1981

El total del pressupost de despeses presenta un decrement sobre el pressupost inicial de l’any 2010 de - 6’46% .

Previ a qualsevol altra comentari cal fer algunes consideracions importants:

1.- Aquesta xifra no és real ja que el percentatge total de reducció pressupostària augmenta en més del 10% si es suma la desviació acumulada en el moment de tancament de l'exercici comptable de 2010, amb un dèficit anunciat de 850 milions. Per altra banda a aquesta dada s’haurà de sumar un increment de l’IPC al 2010 del 3’5%.

2.- Es tracten dels primers pressupostos restrictius des que es van produir les transferències sanitàries a Catalunya l’any 1981, que s'afegeixen a un dèficit crònic de finançament de la nostra sanitat i que situa la despesa en salut per habitant a Catalunya en 1206’98 € (la dotzena de les disset CCAA).

Analitzant el document trobem diversos aspectes que criden l'atenció:

Capítol I
Fa referència a les retribucions del nomenat personal “propi” (el de ICS i el de la XHUP estan inclosos en altres capítols) i inclou, entre d’altres, estructura, personal directiu, càrrecs de comandament, etc. Sorprèn una reducció teòrica de tan sols el 4’07% quan aquí va inclòs bona part del 25% anunciat de reducció en les estructures administratives, i encara més quan fruit de la disminució salarial del 5% aplicada des del juny passat les dades provisionals de la despesa liquidada al 2010 donen una quantitat final de 25.892.558’91, que comparada amb ls 25.938.000’00 pressupostats pel 2011 mostren una variació real de +0’18% (és a dir, en
realitat es produeix un increment en aquesta partida).

Capítol II
A l’epígraf “Bens i serveis”, es planteja una reducció de -5’87% que dificultarà l’assoliment de les reposicions que son necessàries de forma periòdica, alhora que tensionarà el pagament d’utillatge i material als proveïdors.

L’apartat “Compra de serveis” presenta una reducció de -7’28% i inclou disminució en
l’activitat concertada, reordenació de serveis i reducció de tarifes. Si bé algunes de les mesures ja porten un temps aplicant-se sembla difícil que totes les entitats puguin complir amb aquest objectiu en el marge de temps establert, la qual cosa podria provocar tensions de tresoreria en algunes d’elles, amb conseqüències negatives per usuaris i professionals.

Es pressuposta un increment del 27’31% en la “Medicació Hospitalària de Dispensació
Ambulatòria (MHDA)” malgrat ser un dels punts en el que s’introduiran importants mesures de contenció. Aquest fet s’explica per què l’any passat es va fer una rebaixa molt important en aquesta partida el que fa que si es contempla l’ajustament al tancament del 2010, amb el seu dèficit generat, la disminució real de la despesa en aquest apartat és de l’11%.

Capítol IV
L’apartat “Farmàcia” presenta una reducció, entenem que poc realista, de prop de 200M d’€ (-13’15%) si tenim en compte que l’any 2009 el CatSalut va liquidar 1864M d’€ i a l’exercici 2010 va pressupostar tant sols 1480 M d’€, amb la despesa desplaçada que aquest fet genera i malgrat el decrement associat a la reducció de preus aplicats a determinats productes.

L’altra partida majoritària en aquest Capítol es el “Contracte Programa ICS” amb una
disminució teòrica de -3’41% , però que augmenta fins a un -10% si es té en compte l’impacte addicional de la desviació pressupostària del 2010 i de la disminució d’ingressos a tercers.

L’epígraf “pròtesis” presenta un increment del 8’49% en un intent d’ajustar el pressupost a la despesa real i en l’apartat “Medicació especial i estrangera” si bé la reducció plantejada (- 35%) sembla respondre a un ajust real de l’evolució d’aquesta despesa, queden dubtes sobre si aquesta reducció tant important anirà associada a l’aplicació d’un criteri més restrictiu als usuaris que la necessitin.

Capítols VI, VII, VIII
Es presenten sota l’epígraf “Despeses i aportacions de capital”. L’important decrement d’aquest apartat (-24’61%) és el reflex de l’important retall anunciat en inversions sota l’eufemisme de “una nova programació de les inversions previstes” i que amaga el fet de que un 60% de les obres iniciades o programades s’aturaran i que d’altres ja finalitzades no entraran totalment en funcionament.

Finalment cal fer esment a altres aspectes rellevants:

• El pressupost presentat no és equitatiu ni a nivell interterritorial ni entre les diferents entitats.
• En el pressupost comparatiu amb el del 2010, el pes de la Atenció Primària disminueix
(18’43% vs. 17’55%) mentre augmenta el de l’especialitzada (55’93% vs. 56’25%).
• Malgrat l’anunci d’una reducció en despeses administratives el percentatge pressupostat en
aquest apartat es pràcticament el mateix el 2011 que el 2010 (1’32% vs. 1,35%).
• Preocupa veure que pel 2011 no hi ha pressupostat finançament per inversions a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge , el que podria ser el primer pas cap a la seva privatització, i que el finançament d’inversions a ICS es redueix en un 50%, el que comportarà el deteriorament de les infraestructures i un augment en les externalitzacions, amb una previsible fragmentació
d'aquesta empresa pública.

Fonts de la Notícia:

Dempeus per la Salut Pública
CCOO

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FCONGD
Com a resposta a la presentació dels pressupostos, la FCONGD publica una carta oberta al president Mas perquè reconsideri la retallada en Cooperació Internacional, condemna les agressions als diputats i les diputades, i demana centrar el debat social en la retallada dels pressupostos

Barcelona, 16 de juny de 2011.- Des del mes d'abril la FCONGD ha convocat setmanalment concentracions i accions de protesta per evitar la davallada del pressupost de cooperació internacional. En les sessions parlamentàries d'ahir i avui el Govern presenta finalment uns pressupostos que tornen el pressupost de cooperació internacional a les xifres del 2003, passant de 49 milions d'euros aprovats el 2010 a 22. Per aquest raó, la FCONGD va convocar també ahir a una cassolada a les 11 del matí a l'entrada del Parc de la Ciutadella del carrer Picasso. L'objectiu era protestar pacíficament contra aquesta mesura que s'inclou dins el paquet de retallades socials del Govern. La FCONGD vol destacar que en aquell punt, l'acció de protesta va transcórrer tranquil·la i sense incidents, encara que els mitjans no se n'hagin fet ressò.

Davant les agressions que es van produir en altres entrades del Parc, la FCONGD vol manifestar la seva condemna per les agressions a diputats i diputades, i recorda que tota protesta és legítima però té el seu límit en la dignitat de les persones, sigui quin sigui el seu càrrec o professió. La FCONGD condemna l'ús de la violència i entén que no respon al tarannà general demostrat pel Moviment 15-M fins ara, i creu que no facilita la cohesió social enfrontar les legitimitats que es deriven del Parlament democràticament elegit, i de les protestes al carrer de milers de persones.

La FCONGD considera, però, que cal resituar el debat social en el tema dels pressupostos i mostra el seu total acord amb les opinions manifestades ahir per Arcadi Oliveres en el sentit que si parlem de violència, cal parlar de la violència estructural, política i econòmica. A través de les seves bases socials, de socis/es i voluntariat, les ONGD són conscients que bona part de la ciutadania considera les retallades socials una demostració d'aquest tipus de violència, i la manca de ponts de diàleg i negociació amb el moviment social que va arrencar fa un mes, una manca de sensibilitat democràtica. De la mateixa manera, molts ciutadans i ciutadanes vinculats a les ONGD no entenen que el Govern vulgui retallar la partida de Cooperació, ja de per si petita i insuficient, fins uns extrems qu
e poden convertir-la en testimonial o inoperativa, la qual cosa demostra també una escassa sensibilitat envers aquells pobles i comunitats en pitjor situació.


En nom d'aquesta ciutadania, la FCONGD reitera no només el seu respecte sinó la seva aposta pel treball polític i amb representants polítics, que constitueix un dels seus eixos fonamentals. En aquesta línia va publicar ahir una carta oberta al president Mas, on li demana que reconsideri la retallada en cooperació internacional abans de l'aprovació definitiva dels pressupostos. Igualment, la FCONGD treballa a contrarellotge en la presentació d'esmenes a la Llei Òmnibus i als pressupostos, que seran vehiculades per partits polítics. La FCONGD, però, entén que el treball d'incidència política és perfectament compatible amb la protesta al carrer, i estudia noves accions abans del 20 de juliol.Article

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CCOO

LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA VALORA POSITIVAMENT LA RESOLUCIÓ DEL CLAUSTRE CONTRA LES RETALLADES A LA UNIVERSITAT PÚBLICA

Resolució del Claustre de la Universitat de Barcelona, reunit avui, 16 de juny

Les retallades anunciades pel govern de la Generalitat als recursos destinats a les universitats constituïran, de portar-se a terme, un deteriorament indefensable de l’ensenyament i de la societat. Això és així perquè a més es produeixen en el marc de la implantació d’uns nous plans d’estudi sense els recursos que necessiten, seran, sinó una burla, un fracàs estrepitós. Si es que hi ha d’haver retallades, que surtin de partides prescindibles, perquè una societat amb una Universitat Pública en declivi és un país sense futur.

Per tot això instem al Rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, que comuniqui a la Generalitat de Catalunya:
• L’oposició a les propostes governamentals de retallades als serveis públics, i en aquest cas concret a la Universitat de Barcelona i la resta d’universitat públiques catalanes.
• La congelació de les taxes universitàries per al curs 2011-2012.

El Claustre de la Universitat de Barcelona, reunit el 16 de juny, resol:

1. Cap acomiadament i renovació de tots els contractes i nomenaments que són necessaris per desenvolupar una docència i una recerca de qualitat, així com per garantir la conituitat de les tasques de serveis, administratives i tècniques.

2. El manteniment i el respecte de tots els drets conquerits pels treballadors i treballadores a la Universitat de Barcelona.

3. No a la pujada de les taxes universitàries per al curs 2011-2012.

4. Disminució dels complements dels membres de l’Equip de Direcció, dietes, i la reducció d’alts càrrecs i personal de confiança.

5. Que es garanteixin les condicions adequades pel desenvolupament de l’avaluació continuada de qualitat.

6. Garantia d’un sistema de recuperació de l’avaluació.

7. Publicitació del PDA del professorat. Cal donar a conèixer la distribució de càrrega docent entre el professorat. Aquesta no pot ser una informació privada.
Font de la notícia
CCOO de Catalunya

Veure també el que pensem els comunistes de la Universitat Pública

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VICENÇ NAVARRO

Uno de los movimientos más positivos que han surgido en la vida política de Cataluña (y del resto de España) ha sido el movimiento definido como el de los Indignados o 15M. Su fuerza se basa en que las causas de su indignación son ampliamente compartidas por la mayoría de la población, como atestiguan las encuestas publicadas en varios medios. Una de estas causas ha sido los recortes del gasto público en las transferencias y servicios públicos del estado del bienestar en Cataluña (y, muy en particular, en sanidad, educación y servicios sociales). Estos recortes se están realizando a pesar de que ninguno de ellos estaba anunciado en el programa electoral de Convergencia i Unió, el partido que ganó las elecciones hace sólo unos meses. Es más, el entonces candidato de CiU, Artur Mas, durante la campaña electoral había subrayado que no haría recortes ni en sanidad, ni en educación. Y ahora lo está haciendo con el apoyo del Partido Popular, cuya suma de parlamentarios significa la mayoría del Parlamento. Estos recortes son impopulares y ello a pesar de que la mayoría de los medios, incluyendo los medios públicos de la Generalitat de Catalunya, tales como TV3 y Catalunya Ràdio, los han presentado como necesarios e inevitables, sin considerar alternativas a los recortes como el aumento de los impuestos de los sectores más pudientes que se han beneficiado durante estos años de los recortes de impuestos, recortes que siempre han contado con el apoyo de CiU y del PP. El gobierno de la Generalitat, y por tanto el Gobierno CiU, tiene plena responsabilidad fiscal para aumentar tales impuestos.

Los recortes del gasto público que afectarán muy negativamente al estado del bienestar en Cataluña, así como otras medidas y propuestas (que cuentan y/o contarán con el apoyo del Partido Popular) dañarán sobre todo a las clases populares. De ahí la gran simpatía de estas clases populares hacia el movimiento de los indignados e incluso en los medios de mayor difusión (tanto escritos, como orales, como visuales), que son de clara persuasión conservadora y/o neoliberal, han aparecido voces de apoyo a tal movimiento, aunque son claramente la excepción. Algunas voces, sin embargo, han sido claramente hostiles, aunque la mayoría han sido condescendientes, considerando al movimiento como gente joven, bien intencionada, pero profundamente equivocada. Esta actitud hacia el movimiento ha persistido hasta hoy, en que un cambio importante ha ocurrido.

LO QUE OCURRIÓ ESTA MAÑANA EN EL PARQUE DE LA CIUTADELLA

El movimiento de los indignados había decidido en su última asamblea hacer un acto simbólico de protesta frente a las decisiones que se iban a tomar en el Parlamento esta mañana, que incluía la apertura de un proceso parlamentario que conduciría a tales recortes aprobados por CiU con el apoyo del PP. En este acto simbólico se incluía rodear el Parlamento con una cadena humana, protestando por las decisiones que se iban a tomar en el Parlamento, dificultando además el acceso al mismo por parte de los parlamentarios. Estaba claro que una consigna de este movimiento (como consta en su web) era ser meticulosamente antiviolencia, habiendo enviado la consigna a todos los participantes. Esta consigna no se respetó y hubo unos grupos no representativos del colectivo general que cometieron actos de violencia, agrediendo a algunos parlamentarios (paradójicamente algunos parlamentarios de partidos de izquierda que iban a oponerse a tales recortes).

A partir de entonces ha habido un intento de los medios de mayor difusión de utilizar los actos irresponsables de algunos grupos poco representativos del movimiento 15M para desacreditar a todo el movimiento. Hubo una movilización masiva, incluyendo de los medios públicos de la Generalitat para desacreditar tal movimiento. De ahí que me vea en la necesidad de hacer las siguientes declaraciones:

1. Mi apoyo al movimiento de los indignados, a su causa y a sus métodos no violentos. Son continuadores de las generaciones anteriores que lucharon y luchamos por la democracia durante la dictadura y otras, más tarde, que lucharon para mejorarla. Como indiqué en una charla en la Plaza Cataluña a los indignados la semana pasada, tienen que ser conscientes de que son herederos de nuestros padres que perdieron la Guerra Civil defendiendo la República democrática, de mi generación que en los años 50 y 60, en condiciones muy duras, luchamos contra la dictadura y de los trabajadores que con sus huelgas forzaron la caída de aquel odiado régimen en los años 70. De ahí su enorme valor y responsabilidad, en su intento de reformar la democracia tan incompleta y el bienestar tan insuficiente que todavía existe en Catalunya y en España treinta y tres años después de terminar la dictadura.

2. Su gran fuerza deriva de tener razón, tener la simpatía de la mayoría de la población y ser herederos de otros que lucharon para alcanzar la democracia que el pueblo catalán y los pueblos de las otras naciones de España se merecen. Ello conlleva también una gran responsabilidad, lo cual implica que deban organizarse y excluir de sus movimiento a aquellos que con sus métodos violentos (que hasta ahora son una minúscula minoría) hacen al movimiento muy vulnerable a que pierdan el recurso más valioso que tienen, que es el apoyo de las clases populares. La estructura de poder en Catalunya y sus medios son enormemente poderosos y utilizarán todos los medios para desacreditarlos. De ahí la necesidad de organizarse, lo cual no quiere decir convertirse en partido o cualquier otra asociación, sino tener un criterio claro de pertenencia y de acción con un compromiso de no dar pie a que el adversario les destruya.

De ahí que deben reconocer que fue un error (tal como se lo comuniqué cuando lo estaban planificando) el intentar evitar el acceso de los parlamentarios al Parlamento, puesto que ello conllevaba un elevado riesgo de violencia y además asumía erróneamente que todos los políticos son iguales, postura que también había criticado en la presentación del domingo en Plaza Cataluña. Las fuerzas democráticas quedan debilitadas enormemente cuando estos errores son utilizados automáticamente para desacreditar al movimiento, como está ocurriendo ahora. El objetivo de un movimiento reformista no es la anulación del Parlamento, si no su necesaria y urgente mejora, exigiéndole que sea más sensible a los deseos ciudadanos y que no lo sea sólo cada cuatro años para, al día siguiente de salir elegido, hacer lo contrario.

3. Lo que ha ocurrido esta mañana no debe ocultar que la causa mayor de tales disturbios son aquellos políticos gobernantes en Cataluña y sus aliados, el PP, que están actuando de una manera antidemocrática, llevando a cabo políticas que no estaban explicitadas en sus programas electorales. Como bien dijo recientemente el Arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, en su denuncia a los recortes de gasto público social de David Cameron, en Gran Bretaña, recortes que tampoco habían sido anunciados en su programa electoral, “el gobierno no tiene ni moralidad, ni legitimidad democrática para llevar a cabo estos recortes, excusándose bajo el argumento de que el déficit del Estado era mayor del esperado”. Como dijo tal dirigente eclesiástico británico, la rapidez con que el gobierno ha hecho estos recortes muestra claramente que esto ya estaba planificado. Es una lástima, aunque sea predecible, que los mal llamados “portavoces de la moralidad de Catalunya y de España” no hayan hecho declaraciones semejantes. Es un indicador de su baja calidad moral y escasa conciencia democrática que las autoridades eclesiásticas hayan permanecido silenciosas frente a tales recortes no programados en las ofertas electorales de sus partidos afines.

4. El argumento que se está utilizando más en el discurso político y mediático en Cataluña es que tales recortes son necesarios debido a la presión de los mercados financieros. Esta nota es plena admisión de que la democracia no funciona en Cataluña (y en España), puesto que nadie ha elegido a estos mercados. Pero la realidad es que no son los mercados los determinantes de estos recortes, puesto que éstas y otras medidas, como la desregulación del mercado de trabajo, son las medidas que los grupos que predominantemente apoyan y financian a CiU y PP han estado deseando que se hicieran, mucho antes de que aparecieran los mercados financieros.

5. Aunque la crítica mayor del movimiento 15M es hacia los partidos conservadores y neoliberales, el hecho es que también incluye a fuerzas y partidos políticos de izquierdas, que han también realizado políticas criticables en Cataluña e inaceptables en España. Debieran hacer una autocrítica más profunda de la que están realizando.

6. La democracia catalana y española es dramáticamente insuficiente. Indicadores de ellos son múltiples. Uno de ellos es que en las últimas elecciones municipales en Cataluña los votos a los partidos de izquierda suman más que los votos a los partidos de derecha. Y si a ellos se suman los votos en blanco y la abstención (la mayoría de izquierda, según muestran los sondeos de intención de voto), resulta que Cataluña continúa siendo un país de izquierdas y centro izquierda. Y es también interesante resaltar que incluso muchos votantes de centroderecha y derecha simpatizan claramente con políticas redistributivas y políticas expansivas del estado del bienestar, con una reforma fiscal profunda y progresista. De ahí que haber ganado unas elecciones no es suficiente para llevar a cabo políticas que no cuentan con un apoyo amplio de la sociedad. Como consecuencia, la distancia entre los gobernantes y los gobernados se está ampliando peligrosamente, cuestionando la propia legitimidad del sistema democrático, lo cual es sumamente preocupante para todas las personas que hemos luchado por tener democracia en este país.

7. La democracia no es sólo democracia representativa (que en Cataluña y en España es muy limitada), sino democracia directa y participativa. Democracia no es sólo votar cada cuatro años, democracia es también la participación ciudadana a través de varias formas y modos, tales como referéndums, formas comunitarias y asamblearias de participación, y otras formas de intervención más directa y menos delegada por parte de la ciudadanía. La transición inmodélica de la dictadura a la democracia se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban el estado. De ahí que tengamos una democracia que parece temer a la población, limitando enormemente las vías de participación. La población no tiene mecanismos para corregir decisiones que no tienen el apoyo popular, limitándose a expresar su frustración cuatro después del voto anterior. Esto es lo que está pasando hoy en Cataluña. El gobierno está proponiendo y haciendo políticas que no estaban en su programa electoral, lo cual también está ocurriendo con el gobierno español. Ello explica el enorme descrédito del partido gobernante español. No es democrático en Catalunya decirle a la población frustrada e indignada que se espere cuatro años más.

8. Para que exista una democracia es necesario que los medios de comunicación sean plurales y diversos ideológicamente. Esto no ocurre en Cataluña, como lo muestra que el mayor debate que ha tenido lugar en Cataluña sobre los recortes ha sido como hacerlos, sin nunca (o casi nunca) incluir voces que presentaran otras alternativas como la corrección de las políticas fiscales regresivas que se han ido siguiendo estos últimos años. Por cada recorte hay una alternativa que ni siquiera se ha considerado en el debate mediático. Uno de los mayores problemas que tiene la democracia catalana y española es precisamente esta falta de diversidad ideológica de los mayores medios de comunicación,

9. La criminalización de este movimiento 15-M por parte de un número significativo de estos medios es profundamente antidemocrática y es una defensa grosera y vulgar del pensamiento conservador y neoliberal dominante en tales medios que está asfixiando a este país.

10. La violencia debe denunciarse, ya sea física, oral o emotiva. De ahí que los que agredieron a los parlamentarios deben denunciarse con toda intensidad. Pero los medios que están utilizando esta evidencia para desacreditar a un movimiento auténticamente democrático y no violento, debieran también denunciar y condenar la violencia de la policía y sus responsables, así como los insultos y las agresiones verbales que realizan algunas y algunos periodistas, incluyendo columnistas de los medios públicos de la Generalitat de Catalunya que abusan de su forum público, pagado por todos los ciudadanos, para insultar constantemente a aquellos con los que están en desacuerdo (casi siempre son de izquierdas) y que saben que no les pueden responder porque no tienen acceso a tales medios. Esto es también violencia.

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JOAN JOSEP NUET I PUJALS

El Conseller d’Interior del Govern de la Generalitat, Felip Puig, pensa avui que ha matat dos pardals d’un tret; per una banda ha donat un pas de gegant per criminalitzar el moviment de protesta del 15-M, gràcies a les accions de grups violents que li permetran mantenir el discurs que ja estava manifestant feia setmanes, però el 27-M a la Plaça de Catalunya li va sortir el tret per la culata.

Per altra banda, ha aconseguit que el focus mediàtic es concentri en les accions violentes i no en els motius d’indignació per l’aprovació per part de la dreta de CiU i PP dels pressupostos de les retallades.Feia temps que s’intentava per part de CiU, PP i sectors del PSOE situar fora d’òrbita el moviment del 15-M, i era un tema de temps que es desplegués tota la força mediàtica per atacar-lo acusant-lo de tot el contrari de les seves pretensions, de violent i antidemocràtic.

El moviment, com tothom sap, és plural i segueix pautes incomprensibles per als partits que volen amotllar-lo als paràmetres del joc parlamentari. Això és a causa de diversos factors, com per exemple:

1. Tota una generació de gent jove que nodreix el moviment ha socialitzat de forma molt diferent a les anteriors generacions la seva inclusió social, sense feina o en condicions de precarietat extremes sense estabilitat laboral, amb profunds desajustaments entre la seva formació i un mercat laboral precari que ofereix treballs sense qualificació i mal remunerats, altes taxes de fracàs escolar.

2. Un empobriment de la democràcia real amb un sistema de bipartidisme i llei electoral construïts a la transició per impossibilitar canvis polítics i socials de transformació.

3. Un sistema representatiu dominat per aparells professionals de partits.

4. Un desplegament de la corrupció en un encaix entre un sistema productiu especulatiu i un sistema polític al seu servei, una política al servei dels interessos econòmics oligàrquics i especulatius.

5. Una bombolla immobiliària que ha especulat amb l’habitatge fent-lo esdevenir un bé de canvi i no un bé d’ús social.

6. El sistema oligàrquic i especulatiu ha provocat la crisi i no assumeix cap responsabilitat per això, al contrari, vol pivotar les solucions per incrementar encara més els seus guanys.

7. El sistema polític i parlamentari es doblega davant les decisions especulatives (emmascarades amb els mercats) i substitueix els Suports democràtics per decisions no democràtiques.

Amb tot això, el còctel del 15-M està servit i l’esquerra del nostre país no té gens fàcil reconnectar amb aquesta nova manera de participar críticament en política, si a sobre s’observa aquest moviment amb els ulls de la vella política (encara que sigui la vella política d’esquerres) llavors es fàcil que ens trobem en la tessitura aquella de què “ens veuen també a nosaltres com a part del sistema”.

Els fets del Parlament

Crec que part del moviment s’ha equivocat, no és correcte impedir que els diputats i diputades del Parlament puguin accedir a l’hemicicle. El sistema parlamentari, com ja he assenyalat anteriorment, té deficiències i ha de ser criticat, aquesta és una vella premissa que Marx va assenyalar amb rotunditat, la democràcia real va més enllà del sistema parlamentari que, en aquest moment de crisi, funciona menys democràticament que mai, però, vigilem ja que sense alternativa popular, d’esquerres i democràtica podríem coincidir amb postulats totalitaris o feixistes, la democràcia que tenim pot anar a pitjor, per desgràcia.

Per altra banda, amb aquesta forma d’enfocar l’acció caiem en la trampa de tractar totes i tots els polítics com a iguals, i això només reforça el populisme/feixisme del PP, Plataforma x Catalunya o d’altres, que amb la seva corrupció, xenofòbia i demagògia volen desprestigiar la política, o sigui, que aquesta nova generació de gent jove no participi i arribi a cansar-se i pensar que com que tots i totes són iguals no hi ha alternativa política.

És cert que el 15-M crida que l’alternativa són ells i elles, però no ens enganyem, aquesta alternativa s’ha de construir i donar-li forma organitzativa per poder tenir continuïtat i capacitat de lluita regular. No volem una bona batalla, la lluita ha d’esdevenir permanent, no els aturarem només amb una bona acció mobilitzadora, cal seguir lluitant molt de temps.

L’esperit del 15-M és democràtic i d’acció pacífica

Protestar davant el Parlament en contra de l’aprovació d’uns pressupostos de retallades aprovats per CiU i PP és un dret democràtic; empènyer, pintar i escopir diputats o d’altres ciutadans no ho és. El moviment, a través de diversos comunicats, ja s’ha desmarcat totalment d’aquestes accions.

El paper dels partits d’esquerres és minimitzar la violència, condemnar-la i no participar en la criminalització del moviment. El paper dels partits d’esquerres és participar en el moviment i fora del moviment en l’acció política i social fent pedagogia i cercant la confluència.

El paper dels partits d’esquerres és seguir reforçant la mobilització sindical, veïnal, dels hipotecats i del 15-M. Totes aquestes lluites són necessàries.
Els partits d’esquerres han de saber que si la muntanya no va a Mahoma (o té dificultats per fer-ho o ho fa amb parcialitat), Mahoma ha d’anar a la muntanya.

Avui, indignació és política i política ha de ser indignació. Fa pocs dies, l’Alcalde d’Olesa de Montserrat deia al ple de constitució de l’ajuntament, en prendre possessió del seu càrrec, que serien un “Ajuntament indignat”. Prenguem nota, la indignació (per sort) està aquí per quedar-se, ja no és possible projectar política de transformació d’esquena a aquesta situació, ja que la crisi i la resposta ciutadana ens han assenyalat que de les places Tahir en neixen nous parlaments.

Versión en castellano

Indignarse y hacer política

El Conseller de Interior del Govern de la Generalitat, Felip Puig, hoy piensa que ha matado dos pájaros de un tiro; por una parte ha dado un paso de gigante para criminalizar el movimiento de protesta del 15-M, gracias a las acciones de grupos violentos que le permitirán mantener el discurso que ya estaba manifestando hacía semanas, pero el 27-M en la Plaza Catalunya le salió el tiro por la culata. Por otra parte, ha conseguido que el foco mediático se concentre en las acciones violentas y no en los motivos de indignación por la aprobación por parte de la derecha de CiU y PP de los presupuestos de los recortes.

Hacía tiempo que se intentaba por parte de CiU, PP y sectores del PSOE situar fuera de órbita al movimiento del 15-M, y era una cuestión de tiempo que se desplegara toda la fuerza mediática para atacarlo acusándolo de todo lo contrario a sus pretensiones, de violento y antidemocrático.

El movimiento, como todo el mundo sabe, es plural y sigue pautas incomprensibles para los partidos que quieren amoldarse a los parámetros del juego parlamentario. Esto es debido a varios factores, como por ejemplo:

1. Toda una generación de gente joven que nutre al movimiento ha socializado de forma muy diferente a las anteriores generaciones su inclusión social, sin trabajo o en condiciones de precariedad extremas sin estabilidad laboral, con profundos desajustes entre su formación y un mercado laboral precario que ofrece trabajos sin calificación y mal remunerados, altas tasas de fracaso escolar.

2. Un empobrecimiento de la democracia real con un sistema de bipartidismo y ley electoral construidos en la transición para imposibilitar cambios políticos y sociales de transformación.

3. Un sistema representativo dominado por aparatos profesionales de partidos.

4. Un despliegue de la corrupción en un encaje entre un sistema productivo especulativo y un sistema político a su servicio, una política al servicio de los intereses económicos oligárquicos y especulativos.

5. Una burbuja inmobiliaria que ha especulado con la vivienda convirtiéndolo en un bien de cambio y no en un bien de uso social.

6. El sistema oligárquico y especulativo ha provocado la crisis y no asume ninguna responsabilidad por ello, al contrario, quiere pivotar las soluciones para incrementar aún más sus ganancias.

7. El sistema político y parlamentario se doblega ante las decisiones especulativas (enmascaradas con los mercados) y sustituye los soportes democráticos por decisiones no democráticas.

Con todo ello, el cóctel del 15-M está servido y la izquierda de nuestro país no tiene nada fácil reconectar con esta nueva forma de participar críticamente en política, si encima se observa este movimiento con los ojos de la vieja política (aunque que sea la vieja política de izquierdas), entonces es fácil que nos hallemos en la aquella tesitura de que "nos ven también a nosotros como parte del sistema".

Los hechos del Parlament

Creo que parte del movimiento se ha equivocado, no es correcto impedir que los diputados y diputadas del Parlament puedan acceder al hemiciclo. El sistema parlamentario, como ya he señalado anteriormente, tiene deficiencias y debe ser criticado, ésta es una vieja premisa que Marx señaló con rotundidad, la democracia real va más allá del sistema parlamentario que, en este momento de crisis, funciona menos democráticamente que nunca, sin embargo atención, ya que sin alternativa popular, de izquierdas y democrática podríamos coincidir con postulados totalitarios o fascistas, la democracia que tenemos puede ir a peor, por desgracia.

Por otra parte, con esta forma de enfocar la acción caemos en la trampa de tratar a todas y todos los políticos como iguales, y esto sólo refuerza al populismo / fascismo del PP, Plataforma x Catalunya o de otros, que con su corrupción, xenofobia y demagogia quieren desprestigiar a la política, o sea, a que esta nueva generación de gente joven no participe y llegue a cansarse y pensar que como todos y todas son iguales no hay alternativa política.

Es cierto que el 15-M clama que la alternativa son ellos y ellas, pero no nos engañemos, esta alternativa debe construirse y darle forma organizativa para poder tener continuidad y capacidad de lucha regular. No queremos una buena batalla, la lucha debe ser permanente, no los detendremos sólo con una buena acción movilizadora, hay que seguir luchando mucho tiempo

El espíritu del 15-M es democrático y de acción pacífica

Protestar ante el Parlamento en contra de la aprobación de unos presupuestos de recortes aprobados por CiU y PP es un derecho democrático; empujar, pintar y escupir a diputados u otros ciudadanos no lo es. El movimiento, a través de varios comunicados, ya se ha desmarcado totalmente de estas acciones.

El papel de los partidos de izquierdas es minimizar la violencia, condenarla y no participar en la criminalización del movimiento. El papel de los partidos de izquierdas es participar en el movimiento y fuera del movimiento en la acción política y social haciendo pedagogía y buscando la confluencia.

El papel de los partidos de izquierdas es seguir reforzando la movilización sindical, vecinal, de los hipotecados y del 15-M. Todas estas luchas son necesarias.

Los partidos de izquierdas tienen que saber que si la montaña no va a Mahoma (o tiene dificultades para hacerlo o lo hace con parcialidad), Mahoma debe ir a la montaña. Hoy, indignación es política y política debe ser indignación. Hace pocos días, el Alcalde de Olesa de Montserrat decía en el pleno de constitución del ayuntamiento, al tomar posesión de su cargo, que serían un "Ayuntamiento indignado". Tomemos nota, la indignación (por suerte) está aquí para quedarse, ya no es posible proyectar política de transformación de espaldas a esta situación, ya que la crisis y la respuesta ciudadana nos han señalado que de las plazas Tahir nacen nuevos parlamentos.

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Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa

A finales de marzo los jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro más otros seis países (Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía) suscribieron un acuerdo con el que decían que trataban de hacer frente a la crisis y al problema de deuda que se había generado en Europa. En su virtud, establecieron una serie de obligaciones comunes y el compromiso de que los diferentes gobiernos aplicarían las medidas económicas oportunas para hacerlas efectivas. El acuerdo se conoce como Pacto del Euro e implica que todas las medidas que lleve consigo habrán de sujetarse a las recomendaciones que establezca la Comisión Europea, la cual, además, actuará como principal supervisor y evaluador en su aplicación y desarrollo.

El objetivo general del Pacto según sus firmantes

Los firmantes del Pacto afirman que su objetivo general es hacer frente a la deuda incrementando la competitividad de la zona euro, es decir, facilitando la presencia comercial de las empresas de los países que utilizan el euro en los mercados mundiales.

Para lograr ese objetivo el pacto ha establecido cuatro pilares que deberían marcar las líneas principales de actuación económica por parte de los gobiernos nacionales.

El primer pilar del Pacto: impulsar la competitividad

El primer pilar para alcanzar ese objetivo general es el impulso de la competitividad, y los firmantes del Pacto entienden que eso solo se puede lograr bajando los precios y que estos, a su vez, solo se reducen si bajan los salarios. Para ello, se establece la necesidad de controlar los llamados costes laborales unitarios.

Puesto que estos últimos son el resultado de dividir los salarios nominales por la productividad, para bajarlos o se reducen los salarios nominales (el numerador) o se aumenta la productividad (el denominador).

El Pacto propone medidas en ambos sentidos.

Para bajar los salarios nominales recomienda reformas como las siguientes (Los entrecomillados son citas textuales del Pacto que se puede leer en: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/120310.pdf):

-“Revisión de los acuerdos de fijación de salarios”, para restringir sus posibles subidas.

- “Revisión del nivel de centralización del proceso de negociación” para reducir el poder negociador de los trabajadores y así evitar que puedan presionar al alza los salarios al defender su capacidad de compra. Como es bien sabido, cuanto más centralizado esté un sistema de negociación colectiva más trabajadores participan en la negociación y, por tanto, más fuerza tienen. Por el contrario, cuanto más descentralizada sea la negociación (como quieren los líderes neoliberales europeos), más difícil resulta a los trabajadores defender sus derechos o conseguir salarios más elevados: si se negocia a nivel estatal, por ejemplo, los trabajadores pueden tener gran fuerza de negociación pero si se negocia a título personal, no tendrán ninguna. Los firmantes del Pacto proponen esta revisión para que se pueda ir descentralizando la negociación porque saben que así bajarán los salarios, que es lo que buscan.

- “Garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado”. Es decir, que los sueldos de los trabajadores públicos se reduzcan para que no sirvan de referencia al alza a los trabajadores del sector privado.

Es evidente que todas estas medidas del Pacto solo están encaminadas a disminuir los salarios, bien de forma inmediata (rebajándolos directamente) bien de forma indirecta (reduciendo la capacidad de negociación de los sindicatos y rebajando los salarios públicos que funcionan como referencia para los salarios privados).

Por tanto, podemos afirmar que el Pacto apuesta por un tipo de competitividad doblemente empobrecedora. Por un lado, porque no la basa en mejorar la calidad o el valor de los productos que ofrecen las empresas europeas sino en igualar a la baja los salarios europeos con el resto de economías del mundo reduciendo, por tanto, los ingresos de la inmensa mayoría de la población y empobreciendo a los trabajadores europeos. El Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos.

Por otro, porque además, hundirá a la economía europea puesto que al reducir los salarios disminuirá también el gasto que se realiza en Europa lo que se traducirá en menos ventas para miles de pequeñas y medianas empresas que viven de las compras que realizan los asalariados europeos.

Desde este punto de vista, los únicos beneficiarios del Pacto son las grandes empresas globales europeas, las que actúan en los mercados mundiales y no solo en el europeo y cuyos beneficios, por tanto, no dependen solo del gasto que se realice en Europa, como suele ocurrir con la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Por esa razón se puede afirmar que el Pacto del Euro es un pacto también contra las pequeñas y medianas empresas europeas.

Y como estas últimas son las que crean la mayor parte del empleo (alrededor del 70% de media en toda Europa) podemos decir que el Pacto del Euro es igualmente un pacto contra el empleo.

Para aumentar la productividad el Pacto recomienda “Mayor apertura de los sectores protegidos”, “Mejorar los sistemas educativos y fomentar la I+D” y “Mejorar el entorno empresarial”.

Significativamente, el Pacto no solo menciona sino que incluso va en la dirección contraria de algunos factores que desde los tiempos de los primeros economistas se sabe que son muy beneficiosos para incrementar la productividad: buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, participación de los trabajadores en la vida de la empresa, protección social adecuada y abundante… Lo que permite afirmar que el Pacto del Euro no busca en realidad aumentar la productividad sino solo reducir los salarios para hacer que aumenten los beneficios de las grandes empresas europeas.

Además, es sabido que de esas tres medidas que propone para aumentar la productividad la más determinante con diferencia es la segunda y todo el mundo sabe que para mejorar los sistema educativos y fomentar la I+D es necesario mucho dinero público.

Sin embargo el Pacto, como veremos más adelante, propone también la reducción de gasto público, de modo que se puede aventurar con toda seguridad que en lugar de aumentar la productividad, lo que provocará el Pacto del Euro será su disminución, al deteriorar las condiciones de trabajo y la dotación de capital social que es imprescindible para que aumente.

Y, por otra parte, el Pacto olvida algo esencial: aunque se lograse que con esas medidas se produjeran incrementos de productividad no es seguro que, unidas a rebajas paralelas de salarios, dieran lugar automáticamente a mayor competitividad ya que ésta, como los propios firmantes del Pacto asumen, depende del precio de los productos en venta. Y si resulta que los mercados, como ocurre en Europa -y el Pacto no propone nada para arreglarlo-, son muy imperfectos, es decir, que están muy concentrados y en ellos dominan pocas empresas con gran poder de mercado, lo más seguro que ocurra es que la bajadas en los costes laborales unitarios se aprovechen por estas empresas para aumentar su beneficio y no para rebajar los precio de sus productos. De hecho, eso es lo que hemos podido comprobar que ocurre constantemente en los mercados europeos (y muy especialmente en los españoles).

Por tanto, podemos decir que, en contra de lo que dice, el Pacto del Euro es en realidad un pacto contra la competitividad de la economía europea.

Finalmente hay que hacer una observación general. Según las tres cuartas partes de las exportaciones de los países europeos son de tipo “intraeuropeo”, es decir, con otros países europeos como importadores. Eso quiere decir que si se reduce la capacidad de consumo de las economías europeas (como consecuencia de las rebajas salariales y de la caída del gasto público) necesariamente también caerán las importaciones… de modo que de nada habrá servido que bajen los precios de los productos exportados, si es que se consiguiera que bajen. Lo que significa que lo que el Pacto del Euro va a producir es una caída de la actividad económica en toda Europa.

El segundo pilar del Pacto: el impulso del empleo.

El impulso del empleo en Europa se trata de conseguir partiendo de la idea de que el desempleo está provocado por un mal funcionamiento del mercado laboral de manera que, para evitarlo, lo que hay que hacer son reformas que modifiquen su regulación y estructura. En concreto, el Pacto propone medidas como “Fomentar la ‘flexiseguridad’”, la “reducción del trabajo no declarado”, el “aumento de la tasa de actividad” y la “educación permanente”, además, por supuesto, de la reducción del coste del trabajo antes señalada.

Para lograr esto último el pacto también recomienda la “reducción de la presión impositiva sobre las rentas del trabajo”, es decir, de las cotizaciones sociales. Una propuesta que es doblemente negativa y perjudicial para la inmensa mayoría de la población. Por un lado, porque debilita el sistema público de pensiones cuya sostenibilidad tanto dicen los dirigentes neoliberales que les preocupa. Por otro, porque lo que en realidad significa es disminuir la masa salarial y, por tanto, generar más desigualdad, más empobrecimiento y menos gasto, con los problemas que esto lleva y que hemos apuntado más arriba. Y, con independencia de ello, también supone aumentar la regresividad del sistema fiscal puesto que, como al mismo tiempo se propone mantener los ingresos fiscales globales, se propone que esa tributación directa (que se sostiene sobre la capacidad de cada persona) se sustituya por impuestos indirectos, que se pagan con independencia del ingreso de los individuos. Es precisamente lo que acaba de proponer la Comisión Europea a España.

La idea de que lo que hay que hacer para crear empleo es abaratar el trabajo y facilitar las condiciones de contratación en los mercados laborales “flexibilizando” las relaciones laborales, de la que parte el Pacto, se demostró que es falsa hace más de setenta años. Es la idea que supone que el empleo se crea solo en función del precio del trabajo sin considerar que el empleo depende, en realidad, de la demanda efectiva que haya en el mercado de bienes y servicios porque, por muy barato que sea el trabajo, si los empresarios no venden los productos que fabrican no contratarán trabajadores.

Por eso el Pacto del Euro es una falacia y un engaño como instrumento para crear empleo: abarata el salario pero como al mismo tiempo debilita el mercado de bienes y servicios porque éste depende del gasto que en su mayor parte realizan los trabajadores, resulta que hace imposible o dificulta, como hemos mencionado ya anteriormente, la creación de empleo. De hecho, los estudios empíricos demuestran que las condiciones que han sido más favorables para la creación de empleo en Europa en las últimas décadas no han sido las que tienen que ver con la flexibilidad en los mercados laborales sino con las condiciones macroeconómicas generales: nivel de salario, tipos de interés, actividad económica, que son precisamente las que deteriora el pacto del Euro (Engelbert Stockhammer y Erik Klär, "Capital accumulation, labour market institutions and unemployment in the medium run". Cambridge Journal of Economics, 2011, 35; pp. 437–457).

Lo que sí conseguirá el Pacto del Euro será precarizar aún más el empleo en Europa, hacerlo más inseguro y temporal, además de más barato. Y, por tanto, menos productivo porque con la generalización de ese tipo de mano de obra será cada vez más difícil que se impulse en Europa la actividad económica de alto valor añadido y más competitiva. Lo que conseguirá el Pacto del Euro será especializar a Europa en la oferta de mano de obra barata vinculada a la oferta de servicios personales de baja calidad, como ya ha ido pasando con los países, como España, en donde se han ido adelantando estas políticas.

En lugar de hacer que Europa sea más competitiva, el Pacto del Euro convertirá a Europa en una especia de gran parque de atracciones de bajo costo del que solo se aprovecharán, como hemos dicho, las grandes empresas europeas que tienen mercados cautivos dentro y fuera de Europa y que son verdaderamente las que han impulsado este pacto y obligado a los gobiernos a firmarlo.

El tercer pilar del Pacto: el “incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

El Pacto recalca la necesidad de garantizar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a reducir los déficit presupuestarios por debajo del 3%, para lo cual se recomienda reformar el sistema de pensiones, el sistema sanitario y las prestaciones sociales, es decir, los gastos que tienen un impacto más directo sobre el bienestar social pero, eso sí, que significan provisión de bienes (pensiones privadas, sanidad privada, cuidados privados, etc.) muy rentables para las empresas privadas (Para entender las falsas razones en las que se basa el Pacto de Estabilidad puede verse, "¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre los déficit y la deuda" de Juan Torres López).

En particular se recomienda “el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida”, “la limitación de los planes de jubilación anticipada” y el “uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad”, todo lo cual no sirve sino para debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer su progresiva privatización que es en realidad lo que se busca como hemos analizado con más detalle en otro trabajo (sobre la falsedad de esos argumentos puede verse Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón).

Además, en algunas recomendaciones adicionales la Comisión Europea propone también avanzar en los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos, es decir, simplemente proporcionar más suculentos negocios al capital privado porque no es cierto que las privatizaciones constituyan ingresos netos para las arcas públicas: se suelen vender a precios bajos, cuando no regalados, y no se tienen en cuenta los ingresos que se dejan de percibir desde el momento en que las empresas o servicios públicos pasan al sector privado.

Para reafirmar estas medidas antisociales, el Pacto insta a “traducir en legislación nacional las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento” con objetivo de garantizar que posean un “carácter vinculante y duradero suficientemente sólido”. De hecho, se propone que se introduzcan en leyes marco o incluso en las propias constituciones.

Esta recomendación del Pacto es profundamente antidemocrática y se puede calificar como un auténtico golpe de estado económico ya que significa, por un lado, proponer el blindaje de un determinado tipo de política económica, prohibiendo legalmente todas las alternativas posibles; y, por otro, impedir que los países con más atraso en la dotación de inversiones e infraestructuras sociales puedan recurrir en el futuro al endeudamiento que suele ser el único medios que permite conseguirlas. Es decir, significa condenarlos al atraso y al empobrecimiento.

Esta medida es, además de todo ello, profundamente inútil y a la postre solo va a provocar que haya mucha más deuda de la que se quiere evitar.

El Pacto del Euro ni siquiera va a conseguir reducir el déficit y la deuda con estas imposiciones porque es falso que para aliviar la deuda sea suficiente con limitar el gasto, tal y como han demostrado numerosos estudios empíricos como, por ejemplo, el de Mark Weisbrot y Juan Montecino Alternativas a la austeridad fiscal en España. Lo más probable es que estas medidas terminen produciendo una caída semejante o sustancial en los ingresos porque reducen la actividad y, por tanto, la generación de ingresos para las arcas del Estado, lo que al final impide que desaparezcan los desequilibrios presupuestarios. Con ellas solo se consigue aumentar el malestar social, las carencias sociales y e incluso la falta de los recursos públicos que precisa el capital privado para crear actividad y empleo.

El cuarto pilar del Pacto: el refuerzo de la estabilidad financiera.

En este punto se propone un programa de “coordinación de la política tributaria” pero sin que se determine de antemano. De hecho los Estados simplemente “se comprometen a entablar debates estructurados en torno a la política tributaria”, lo que muestra que la voluntad de avanzar hacia una necesaria hacienda europea con potentes figuras impositivas que promuevan una tipo de economía más productiva y sostenible con un reparto más justo de la renta o hacia la coordinación de la lucha efectiva contra el fraude y la evasión fiscal es nula.

En lo que se refiere a regulación bancaria únicamente se afirma que “efectuarán periódicamente pruebas rigurosas de resistencia bancaria”, una auténtica tomadura de pelo a la ciudadanía europea si se tiene en cuenta que las que se han realizado han sido un completo engaño: baste recordar que afirmaron que los bancos irlandeses se encontraban en perfectas condiciones y que solo unas semanas más tarde hubo que inyectarles 80.000 millones de euros para tapar sus agujeros patrimoniales.

En el caso de España la Comisión Europea también ha recomendado avanzar en el proceso de privatización de las cajas de ahorro, pero permitiendo que, antes de eso, se gaste dinero público en dejarlas saneadas. Con total desvergüenza, las autoridades que suscriben el Pacto y que en tantas ocasiones manifiestan su gran preocupación por el mal uso del dinero público recomiendan “reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado” y la “prestación de apoyo público en caso de necesidad”.

Finalmente la problemática de la deuda pública queda al amparo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tiene como objetivo “salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro” y que tendrá como función prestar asistencia financiera a los países que lo demanden. Esa asistencia la efectuará la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional en colaboración con el Banco Central Europeo y se afirma en el Pacto que dicha asistencia se realizará “bajo unas condiciones estrictas” y tendrá que estar dirigido a “conseguir y conservar la mayor calificación de solvencia de las principales agencias de calificación crediticia”.

La asistencia financiera se realizará en forma de préstamos y de forma excepcional con la compra de deuda en los mercados primarios, pero siempre “con arreglo a un programa de ajuste macroeconómico sujeto a condiciones estrictas”. Es decir, que el Pacto implica sujetar a Europa a la condicionalidad que siempre han usado esos organismos para imponer las políticas de ajuste neoliberal y cuyos resultados han sido nefastos en todos los países en donde se han aplicado.

Conclusiones

El Pacto del Euro es un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa social.

Es técnicamente deficiente porque se basa en simples concepciones ideológicas que no tienen más fuerza que el poder de quien resulta beneficiado con las medidas que se proponen.

El punto de partida del que parte (que para hacer frente a la deuda que atenaza a Europa es preciso aumentar la competitividad de las economías nacionales y que eso solo se puede conseguir reduciendo el coste del trabajo) es doblemente falso.

Por un lado es falso porque la deuda que está provocando problemas gravísimos a muchos gobiernos europeos y a las empresas y familias no se ha originado porque las economías europeas sean poco o muy competitivas. La deuda pública generada en los dos últimos años es consecuencia de que los gobiernos han debido afrontar la crisis financiera que han causado la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Y la deuda privada es el efecto de la pérdida de ingresos producida por las políticas, como las que ahora se vuelven a proponer, de reducción salarial que se han aplicado en los últimos años. Así lo demuestra el que la crisis y la deuda hayan afectado a países y economías con muy desigual nivel de competitividad.

Y es falso también porque no es verdad, como hemos comentado, que la causa de la deuda sean los salarios excesivos o que se pueda alcanzar más productividad disminuyéndolos.

Por lo tanto, el Pacto de Euro es una colosal estafa concebida solo para favorecer los beneficios de la banca y de las grandes empresas porque diciendo que trata de luchar contra la deuda lo que provocará con el tipo de medidas que propone será que haya menos empleo, menos ingresos salariales y de pequeñas y medianas empresas y, por tanto, que la deuda aumente en realidad aún más en el futuro. ¡Que es justamente lo que le interesa y pretende la banca! porque no hay que olvidar que el negocio que le proporciona beneficio y poder es precisamente la generación de deuda.

La lucha contra la deuda de los líderes europeos es solo aparente. Es falsa. La verdadera causa del incremento brutal de la deuda en Europa ha sido la pérdida de peso de las rentas salariales de los últimos años y de la recaudación impositiva que han producido las políticas que vienen defendiendo. Lo que el Pacto del Euro dice que es luchar contra la deuda es, en realidad, una lucha contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población de ingresos más bajos para justificar de esa forma su conversión en negocio privado mediante las privatizaciones que propone. Buena prueba de ello es que el Pacto de Euro no haga mención alguna del gasto público dedicado a subvencionar a los grandes grupos empresariales, a la banca o a la industria militar a la hora de ahorrar dinero público. Si de verdad quisiera reducir el gasto improductivo ¿cómo es que no propone reducir este último?

Y el Pacto del Euro no solo es una estafa por lo que dice sino también por lo que calla, es decir, porque no aborda los verdaderos problemas de la economía y la sociedad europeas: nada se hace para garantizar que el sistema bancario funcione y vuelva a financiar a empresas y consumidores; nada se propone para frenar a los especuladores que son los que realmente provocaron la crisis y los que ahora se hacen de oro gracias a las emisiones de deuda; guarda silencio sobre el incremento espectacular de las desigualdades, o sobre el uso criminal de los paraísos fiscales dentro del propio territorio europeo…, por citar solo algunos.

El Pacto del Euro, en fin, es un engaño para ocultar que el problema radica en la propia constitución de la unión monetaria sobre bases técnicamente erróneas, antisociales y solo favorables para el gran capital empresarial y bancario.

Europa es cada vez más necesaria pero su constitución monetaria y política se acerca más al diseño de una dictadura que al de una democracia real y por eso las mujeres y los hombres decentes que aspiran a vivir en un mundo justo, respetuoso con la naturaleza y en paz con los seres humanos, debemos oponernos con fuerza a este nuevo intento del Pacto del Euro dedicado a someter a las personas a la única razón del beneficio privado.

La Europa del euro neoliberal ha dado ya de sí todo lo que podía dar y esto solo ha sido el incremento de las desigualdades, crisis financieras, pérdida de puestos de trabajo, degeneración del empleo y cierre de millones de pequeñas y medianas empresas. Solo los beneficios del gran capital se benefician netamente del euro así que o se cambian las condiciones en que se encuentra Europa esclavizada por esta unión monetaria o no habrá otra alternativa que luchar por salir del euro para poder aplicar otras políticas económicas que proporcionen bienestar humano, sostenibilidad y equilibrio social y de cuyo contenido nos ocuparemos en un artículo posterior.

* Juan Torres López (http://www.juantorreslopez.com) es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Alberto Garzón Espinosa (http://www.agarzon.net) es investigador en la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Ambos son editores de www.altereconomia.org

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CCOO

Manifiesto de CCOO

La persistencia de la crisis; la insostenible tasa de desempleo y su repercusión
en colectivos como los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes; las medidas para
combatir el déficit en unos plazos carentes de realismo, que está suponiendo
una fuerte reducción de las políticas públicas y del personal que debe llevarlas
a cabo; los resultados electorales que muestran una severa penalización a
quienes han aplicado estas políticas; los movimientos ciudadanos que han
venido a cuestionar tanto las formas de hacer política como la penosa situación
por la que están atravesando cientos de miles de personas y la ausencia de
perspectivas de futuro, obliga a una profunda reconsideración sobre las formas
de enfrentar la situación y a una ofensiva sindical y social con la vocación de
invertir el estado actual de las cosas.

En efecto, los indicadores económicos señalan un débil crecimiento, una alta tasa de inflación, el 3,6% y un volumen de desempleo que llega al 21% de la población activa, superando el 40% entre la población más joven. Al mismo tiempo, las administraciones públicas han dejado de invertir para estimular la
economía mientras la iniciativa privada sigue agazapada y persisten las
restricciones en el crédito hacia familias, autónomos y pequeñas empresas,
con lo que se alejan en el tiempo las posibilidades de recuperar la actividad
económica, el empleo y la superación de la crisis.

Las políticas aplicadas por el Gobierno no son otra cosa que una traslación
acrítica de las diseñadas por la Unión Europea. Primero fue el Pacto de
Estabilidad, ahora el Plan de Gobernanza y el Pacto por el Euro Plus que
contemplan dotar a las instituciones europeas de los instrumentos para vigilar,
controlar y castigar a los Estados miembros que no cumplan los objetivos de
déficit público y deuda pública, y hacer ganar competitividad a los países
periféricos mediante la reducción de los costes laborales, el debilitamiento de
la negociación colectiva y la pérdida de calidad de los sistemas de protección
social y de los servicios públicos.

Las políticas centradas en la reducción del déficit y en la obsesión por calmar la
voracidad de los mercados financieros, han tenido consecuencias desastrosas
en una Europa que cuenta con más de 23 millones de parados y que ha
impuesto condiciones draconianas para el rescate de Grecia, Irlanda y
Portugal.

En España esas mismas políticas se han materializado en la reducción del
gasto público y en dar mayores facilidades a las empresas para acometer los
ajustes de empleo. Las consecuencias de esta política están suponiendo el
empobrecimiento de amplios sectores, particularmente los pensionistas a los
que se les ha congelado su prestación; la contención del consumo -no en vano
se ha reducido el sueldo a más de dos millones de empleados y empleadas
públicos-; un deterioro en los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras
-basta ver los contenidos y efectos de la reforma laboral-; la reducción de los
recursos económicos y humanos en los servicios públicos lo que implica el
debilitamiento y deterioro de la red de protección social y sirve como pretexto
para justificar la privatización de los servicios que el Estado debe proveer y
garantizar a la ciudadanía.

Todo ello contrasta con la complacencia con la que se ha tratado a los
responsables de la crisis, los ingentes recursos que se han puesto en sus
manos para enfrentar su desastrosa situación financiera y con ello, la renuncia
a practicar políticas más equitativas a la hora de asumir los esfuerzos
necesarios para superar la situación. Se ha huido de una reforma fiscal que
permitiese al Estado recaudar de una manera más justa los ingresos
necesarios para que los costes no recayesen en los sectores más débiles de la
sociedad; se sigue sin actuar en el sistema financiero, limitando las iniciativas a
la reforma de las cajas a las que poco menos que se les obliga a convertirse en
bancos y a perder su carácter social; la persecución del fraude fiscal, tan
timorata e inconexa que hasta los propios inspectores de hacienda la
denuncian, y el plan de afloramiento de la economía sumergida no pasa de
una amnistía para los empresarios que instala en la indefensión a los
trabajadores y trabajadoras.

Las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 22 de mayo
han sido en buena medida un plebiscito a las políticas practicadas y a la
situación generada. Han penalizando gravemente a quienes las han llevado a
cabo, el PSOE, que ha renunciado a aplicar su programa fracturando, así, su
base social y electoral. De esta situación se ha beneficiando mayoritariamente
a la derecha política (principalmente el PP) que se ratifica como clara
alternativa.

Por otra parte, pese a la leve mejora de la participación sigue habiendo una
abstención de más del 36% y un incremento del voto en blanco y nulo cifrado
en un 2,54% y un 1,7% de las papeletas, lo que expresa una creciente
contestación al sistema que algo tendrá que ver con las movilizaciones
ciudadanas que desde mediados de mayo se están realizando en buena parte
de la geografía española.

En este sentido, el denominado movimiento 15M ha sido capaz de movilizar a
decenas de miles de personas especialmente jóvenes que expresan su
rechazo a la situación actual y a la ausencia de expectativas de futuro a la vez
que cuestionan las formas actuales de hacer política por su escasa conexión
con las inquietudes de la gente, y lo hacen desde un compromiso y una
conciencia ética fuerte.

La conjunción de todos estos elementos configura un nuevo escenario
económico, político y social que nos lleva a plantear la necesidad de una nueva
ofensiva social y sindical para enfrentar la crisis de otra manera, tanto en lo que
se refiere a las soluciones económicas como a las formas de hacer política. En
ese sentido CCOO, tras los debates celebrados en su Consejo Confederal,
aporta cinco ejes de actuación en los que ya viene trabajando pero ante los que
cabe incrementar la capacidad de movilización sindical y social.

1.- Salir de la crisis de manera justa y equitativa

No hay una única manera de enfrentar la crisis. Se pueden y se deben abrir
paso otras políticas posibles que garanticen un reparto más equitativo de los
costes de la misma, que no deje las soluciones a los mismos que la han
provocado. CCOO somos conscientes de la necesidad de reducir el déficit
público, pero esto, siendo imprescindible debe hacerse compatible con la
atención a la primera de las prioridades del momento que no es otra que la
reducción sustancial del desempleo. Para ello es necesario:

Forzar un cambio en la orientación de las políticas europeas, tal y como ha
establecido el reciente congreso de la Confederación Europea de Sindicatos.
Ampliar el espacio temporal para la reducción del déficit al período 2016-17,
combinar la eficiencia en el uso de los recursos con el incremento de los
mismos a través de una política fiscal europea, destinando el 1% del PIB
europeo para inversiones, instaurando una tasa que grave las transacciones
financieras internacionales,…

Promover una reforma fiscal que garantice los ingresos necesarios a través de
una recaudación más justa y equitativa, a fin de paliar las cargas que suponen
las políticas de reducción del déficit entre los sectores más débiles de la
población. Se debe empezar combatiendo el fraude fiscal con determinación
política y los recursos necesarios, recuperando figuras impositivas suprimidas o
dejadas sin efecto, como el impuesto sobre el patrimonio o de sucesiones, y
articulando un verdadero plan de afloramiento de la economía sumergida que
garantice las necesarias contribuciones al erario público al tiempo que se
preservan los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Proceder a una reforma del sistema financiero que al tiempo que vela por la
solvencia de las entidades, ponga límites a las operaciones especulativas y
garantice que el crédito fluya a las familias, autónomos y pequeñas empresas,
de manera que sirva para activar el consumo y la inversión. Hay que recuperar
el carácter de banca de proximidad que han jugado tradicionalmente las cajas
de ahorro y restablecer su vertiente social.

Establecer mecanismos de control de los precios. La reactivación económica y
la creación de empleo están íntimamente ligadas a la capacidad de competir
de nuestras empresas en el mercado internacional. Cuando nuestro IPC se
encuentra dos puntos por encima de la media europea se están limitando
seriamente las posibilidades exportadoras de nuestras empresas, por ello es
indispensable disponer de todos los mecanismos a nuestro alcance para
controlar los precios de bienes y servicios, lo que tiene que ser compatible con
el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Es
indispensable que nuestros precios crezcan como máximo lo mismo que los de
la zona euro.

Abordar un verdadero cambio de modelo productivo, de suerte que el país
recupere la senda del crecimiento sobre pilares distintos a los que nos han
llevado a esta situación: hay que apostar por un sector industrial fuerte, por una
política energética que asegure el abastecimiento a costes competitivos,
priorizando las energías renovables, en orden a pasar de una economía alta en
carbono a otra, que desde el concepto de “transición justa”, apueste por la
reducción significativa de los impactos ambientales, en especial, por la
reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera. Un cambio de modelo de
crecimiento requiere también invertir en I+D+i y en un sistema educativo de
mayor calidad y más cercano al sistema productivo, replanteando
sustancialmente nuestro sistema de formación profesional.

2.- Crear empleo digno y con derechos. Empleo para los jóvenes

El empleo no lo crean las normas que regulan el mercado de trabajo sino la
reactivación económica; no obstante, estamos obligados a explorar fórmulas
para la integración en el mercado laboral de aquellas personas que engrosan
las filas del denominado paro de larga duración y de los jóvenes, tanto de
aquellos que finalizan sus estudios como de los que han perdido su puesto de
trabajo, especialmente los que carecen de la cualificación suficiente.

Es necesario, en este sentido, establecer la transición entre el sistema
educativo y el mercado de trabajo procurando un acceso al mismo a través de
contratos que permitan simultanear la actividad laboral y profesional con la
ampliación o recualificación formativa, garantizando en todo caso, los
derechos laborales esenciales (cotización a la seguridad social, derecho al
desempleo, retribuciones adecuadas, tutorías cualificadas,…)

3.- Restablecer derechos laborales. Iniciativa Legislativa Popular “para el
empleo estable y con derechos”

La reforma laboral que ha hecho más fácil y barato el despido debe
enmendarse.

Desde su aplicación se ha destruido empleo con mayor rapidez y se ha 5
incrementado la dualidad en el mercado laboral entre contratos temporales,
que siguen creciendo, e indefinidos que apenas lo hacen.
Tras la Huelga General del pasado 29 de septiembre CCOO y UGT hemos
promovido una Iniciativa Legislativa Popular “para el empleo estable y con
derechos” que tiene por objetivo hacer llegar al Parlamento el rechazo de la
ciudadanía y la radical oposición del mundo del trabajo con la reforma laboral
impuesta y favorecer que las Cortes tengan que revisar los capítulos más
perniciosos de la Ley, restituyendo los derechos atropellados.

4.- Luchar por mantener y ampliar los servicios públicos de calidad como factor
de cohesión social y fuente de empleo

La política de recortes en los sectores públicos ha ido descendiendo a las
CCAA y a las administraciones locales a medida que el foco de atención de la
reducción del déficit se ha ido desplazando hacia estas instituciones.
Debemos promover grandes alianzas con la sociedad civil por la defensa de
los servicios públicos de calidad.

Los servicios públicos son parte del salario diferido, pero también un derecho
de ciudadanía que caracteriza el modelo social europeo y que es factor de
integración y cohesión social a partir de una adecuada distribución de la
riqueza. También debemos defender el empleo público como un factor
intrínsicamente asociado a la calidad de los servicios que se prestan, tanto en
lo que a su mantenimiento se refiere como a las posibilidades de creación de
empleo que la dinamización de estos servicios podría suponer. Se debe
perseguir una mayor eficiencia en el gasto a partir de la cooperación entre
administraciones, priorizando la actuación sobre los servicios esenciales
(sanidad, educación, dependencia,…)

5.- Comprometernos con la regeneración democrática de la actividad política y
sindical

Nuestro país ha conseguido en tan solo tres décadas asentar un modelo
democrático, que en la salida de la dictadura era difícil de imaginar; basta
recordar la intentona de golpe de Estado del 23F del 1981. Sin embargo, el
acelerado proceso de institucionalización de la participación ciudadana, una ley
electoral que ha fomentado el bipartidismo y por tanto ha dificultado la
expresión política de la pluralidad de la sociedad, unas prácticas políticas
distanciadas de los programas con que los partidos se presentan a las
elecciones, los fenómenos de corrupción y enriquecimiento en el ejercicio de la
política,… han contribuido por un lado, a una progresiva desafección de
amplios sectores de la ciudadanía del hecho político y, por otro, a la aparición
de fenómenos populistas y xenófobos. Fenómeno éste que ya se viene dando
en los países de nuestro entorno.

En este sentido, CCOO considera que estamos ante una buena oportunidad
para profundizar en nuestra experiencia democrática fomentando mecanismos
alternativos a los actuales de participación, a una revisión de la Ley electoral
que establezca una mayor proporcionalidad y a una regulación que penalice,
de forma cierta, la vulneración del “contrato” electoral que contraen los que se
presentan a las elecciones con los ciudadanos que les prestan su confianza.

Particularmente hay que ser severos ante los casos de corrupción política.
CCOO también hará su particular contribución en este sentido: profundizando
la independencia y autonomía sindical, que es uno de nuestros principales
activos, mejorando el uso de nuestros recursos y haciendo éstos totalmente
transparentes ante los trabajadores y trabajadoras y la opinión pública,
revisando, como ya estamos haciendo, nuestra participación en los proyectos
de formación para el empleo y practicando “un sindicalismo de proximidad” que
priorizando el contacto directo y cotidiano con los trabajadores y trabajadoras
en el centro de trabajo, no deje de establecer amplias alianzas con la sociedad
civil.

El conjunto de estas propuestas las concebimos como un factor de
movilización social y para la negociación en la lógica de imprimir un giro
sustancial a las políticas practicadas hasta el momento.
Madrid. 30 de mayo de 2011

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