El nuevo Gobierno, un giro a la derecha para un proyecto neofelipista
ANTONI DOMÈNECH / G. BUSTER
DANIEL RAVENTÓS
(Sinpermiso)
El cambio de Gobierno no ha podido ser más claro en su mensaje central: mantenimiento del equipo económico neoliberal y reconstrucción de un proyecto político del PSOE de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la base de una alianza con la derecha vasca y canaria (PNV y CC), abierta a la incorporación de la derecha catalana (CiU) tras la previsible victoria de ésta en las elecciones autonómicas catalanas del próximo 28 de noviembre. La pregunta es: ¿hasta qué punto es viable este proyecto?
El resultado de la huelga general del 29 de septiembre, mostró la desafección de la base social trabajadora que había sostenido el proyecto político de Zapatero, defintivamente pulverizado y aventado tras las medidas económicas abiertamente neoliberales del 9 de mayo. Los diez millones de huelguistas tuvieron su reflejo en las encuestas de opinión: una caída de 14,5 puntos en la intención de voto. A partir de ahí, el desarrollo de la crisis política del Gobierno no ha podido ser más rápida y contundente: victoria en las primarias internas del PS de Madrid de Tomás Gómez frente a la candidatura de Ferraz, apoyada por Zapatero; declaración del Cercle d´Economia de Catalunya, resumida por La Vanguardia con el titular: "La burguesía catalana rompe con Zapatero"; el atronador abucheo que le dedicó la extrema derecha en el desfile militar del 12 de octubre; las descaradas declaraciones de Barreda, un barón castellano-manchego del PSOE, exigiendo una rápida transición a lo que ha dado en llamarse "poszapaterismo"; en fin, las dolorosas dudas manifestadas por el FMI sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2011 y la sugerencia de la necesidad de un Plan B de nuevas medidas de austeridad…
En veinte días, las consecuencias del definitivo descrédito ante su propia base social se han traducido en señales, no de los mercados –que por la colocación de la deuda y su estabilidad han mostrado cierta satisfacción con las medidas adoptadas el 9 de mayo—, sino de los sectores de la gran burguesía y de la propia nomenclatura del PSOE ante el peligro de que la fuerte polarización social tras la huelga, sumada a la evidente descomposición del Gobierno y a la perspectiva de una probable victoria del PP en las elecciones de 2012 empujasen a la radicalización de la resistencia social a medio plazo y a la progresiva apertura de un gran espacio político a la izquierda del PSOE. Las imágenes de la huelga general en Francia, que dura más de una semana, han sido el amedrentante telón de fondo de estas cavilaciones.
El Gobierno Rubalcaba-Salgado
A todo ello ha buscado responder el cambio de Gobierno, no por previsto menos sorprendente en su alcance y su profundidad: es un giro que pretende sentar las bases de un nuevo proyecto político. Aunque su determinación corresponde constitucionalmente a Zapatero –que parece recuperar, aunque sea efímeramente, la iniciativa política—, es evidente que detrás se encuentra el sólido Alfredo Pérez Rubalcaba, convertido desde su triple mandato de vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, ministro del Interior y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, en un igual con más poder y mucha mejor valoración pública que el desvaído y errático presidente del Gobierno.
El nuevo proyecto se basa, en realidad, en una vuelta al pasado: al esquema de alianzas del final del felipismo con las burguesías vasca y catalana, más o menos pretendidamente inspirado en el prietismo de los años 30. A esa alianza del tardofelipismo vienen ahora a incorporarse la canaria y, de manera menos confesable, la navarra. Pero para un adecuado reparto de papeles, ese esquema exige que PNV y CiU gobiernen en Vitoria y en Barcelona, como ya lo hacen CC y UPN en sus respectivas comunidades. Lo que acarrea, huelga decirlo, el sacrificio de los partidos socialistas vasco, catalán, canario y navarro, condenados a la subalternidad política. Es verdad que este esquema podría asegurar la estabilidad parlamentaria hasta 2012 y garantizar la aplicación del durísimo programa de austeridad y ajuste neoliberal. Pero es una condena segura de cara a las elecciones generales al erosionar de mala manera el bloque social de las izquierdas y su articulación política. (Se puede observar que el diario El País ha mantenido durante los años del zapaterismo la necesidad de esta orientación política en su línea editorial; no puede, pues, sorprender su satisfacción con el cambio de Gobierno.)
El equipo económico que dirige desde la vicepresidenta segunda Elena Salgado es el segundo pilar del proyecto, que busca tranquilizar a los mercados, bajo la atenta vigilancia de la Comisión Europea, respecto de la coherencia neoliberal de los presupuestos de 2011. Unos presupuestos que incrementan los estímulos económicos y las transferencias al sector empresarial, y no sólo no tocan fiscalmente a los rentistas inmobiliarios y financieros, sino que bloquean cualquier subida fiscal con mínima progresividad: idóneos para ganarse a los representantes políticos de los distintos estratos socioeconómicamente dominantes y de las varias oligarquías autonómicas sobre las que pretender levantar la política de alianzas concebida por Rubalcaba. Lo que no aseguran estas políticas es estabilidad social. Al contrario: la contrarreforma del mercado de trabajo y de las pensiones ha abierto en toda Europa un nuevo ciclo de luchas sociales. En el Reino de España, las cifras de paro previstas en los presupuestos del 2011 son el 18,9%, con tasas de crecimiento del PIB por encima del 1,5% —que ya han descartado todos los analistas económicos y el FMI, para reducirlas al 0,6%—, y no hay que descartar que estas políticas de austeridad provoquen no sólo una muy débil recuperación sin empleo, sino incluso una segunda zambullida en la recesión. Es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, obligando a la Reserva Federal a un cambio radical de orientación, a desatar una guerra financiera mundial de divisas y a volver a pensar en políticas económicas anti-cíclicas.
¿Recuperar la base social perdida?
Junto a estos dos pilares fundamentales del nuevo proyecto, que definen al Gobierno como Rubalcaba-Salgado, se observa también un intento activo de cerrar cualquier espacio a la izquierda del PSOE. La designación de Valentín Gómez al frente de la cartera de Trabajo busca reabrir el diálogo social, con concesiones limitadas en el terreno de la reforma de las pensiones, frente a la perspectiva de resistencia sindical y social prolongada que han abierto las direcciones de CCOO y UGT. La entrevista publicada en El País con el nuevo ministro de trabajo (1) no deja lugar a dudas sobre las líneas rojas que le han sido impuestas. No ha pasado eso desapercibido tampoco para los sindicatos de clase. El análisis del cambio de Gobierno de CCOO y las declaraciones de su secretario federal, Ignacio Fernández Toxo, son un reflejo de que existe una consciencia cabal del callejón sin salida en que podría meterles esta oferta de concertación social del nuevo Gobierno.
Algo parecido puede decirse del nombramiento de Rosa Aguilar como ministra de Agricultura y Medio Ambiente, cuyo objetivo evidente es cooptar cualquier recomposición del ecologismo político como componente esencial de un proyecto de izquierda alternativa. Limitaciones personales aparte, no es aventurado augurar que sus limitaciones políticas no tardarán mucho en verse: bastará estar atentos en las próximas semanas al reto decisivo de la cumbre de Naciones Unidas contra el cambio climático de Cancún y a la correspondiente presión de las eléctricas a favor de la energía nuclear, con debate incluido sobre el almacenamiento de residuos.
La salida del Gobierno de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, Moratinos, ministros de Exteriores y Cooperación, y Espinosa, de Agricultura –los tres que en los debates previos a mayo habían mostrado abiertamente dudas y reticencias sobre la eficacia y conveniencia del giro neoliberal—, es el símbolo del agotamiento del propio zapaterismo como proyecto político y del desplazamiento a la derecha del nuevo Gobierno, abandonada toda posibilidad o pretensión de recuperar su naturaleza equilibrista entre los intereses encontrados de clase. La política de coordinación y comunicación del Gobierno recaen en Rubalcaba, subordinada a su política de alianzas, mientras que la gestión de la Administración central y su reflejo legislativo pasa a un recuperado Ramón Jáuregui, compensación melancólica para el PS de Euskadi. El nombramiento de Leire Pajín como ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, lejos de ser una reafirmación de la agenda social orientada a los jóvenes y a los desempleados como primeras víctimas de las políticas de austeridad, es –como ha declarado el propio Zapatero en el Comité Federal del PSOE— la constatación de que ese pretendido 58% de gasto social en los presupuestos del 2011 es en realidad un paquete de medidas de recorte, empezando por unos ministerios de Igualdad y de Vivienda degradados a secretarías de Estado.
Mayor importancia reviste que Leire Pajín ceda la secretaría de organización del PSOE a Marcelino Iglesias, lo que permitirá a José Blanco presidir el comité electoral como responsable de articular e imponer dentro del PSOE la prioridad del proyecto político de alianzas de Rubalcaba frente a las previsibles rebeldías de los barones territoriales, entre los que destaca Tomás Gómez en Madrid. Porque si el proyecto de Rubalcaba y Salgado tiene la vista puesta en las elecciones legislativas de 2012, el horizonte de los barones territoriales se cierra en mayo del 2011: para poder enfrentarse con ciertas posibilidades al PP necesita mantener lazos con la izquierda social y política. Manuel Chaves mantiene la vicepresidencia tercera, competente en temas autonómicos, lo que verosímilmente habrá de servir para dar cobertura política a toda la operación: él es el presidente del PSOE y Rubalcaba, ex ministro de Felipe González. No puede dejar de llamar poderosamente la atención que las señas de identidad y legitimidad del nuevo proyecto político que se propone ahora al PSOE tengan que buscarse en el aberrante pasado felipista para poder dar por clausuradas las veleidades del zapaterismo.
Crisis larvada en el PSOE
Se puede observar que esta maniobra política fulminante ha tenido un éxito inicial en las filas del propio PSOE. La sensación de desmoronamiento aireada por los barones territoriales ha dado paso al aplauso encendido en el Comité Federal del 23 de octubre con que ha sido recibido el cambio de gobierno. Las voces críticas surgidas tras la huelga general han pasado a segundo plano con esta vistosa recuperación aparente de la iniciativa política –calificada por alguno con el palabro "remonte"—. El grupo mediático PRISA la ha acompañado y magnificado como corresponde. Zapatero ha resumido la nueva coyuntura con una fórmula de meditada profundidad, como suya: "hay que ver la cara que se les ha quedado a los del PP". Mientras tanto, sigue cayendo 12,6 puntos en la primera encuesta realizada tras el cambio de Gobierno (2).
El debate sobre la sucesión de Zapatero ha pasado a un segundo plano, con el argumento de que "los abuelos no suceden a los nietos", según la ingeniosa expresión de El País, aunque hayan pasado a conformar este proyecto de futuro todas las veteranas figuras del felipismo. Si Zapatero se hace la ilusión de ser él quien rentabilice la remontada, se la hace vanamente. Será sacrificado como chivo expiatorio tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas como principal responsable del desplome. No deja de ser curioso que haya correspondido a Tomás Gómez, cuyo principal capital político es haberle dicho "no" y ganar las primarias de Madrid, pedir en el Comité Federal del PSOE que Zapatero se defina ya frente a las obvias aspiraciones de Rubalcaba de ser quien se proponga o, al menos, designe al sucesor. Una parte importante de esta operación –consecuencia directa de las lecciones aprendidas por el aparato central del PSOE en las primarias de Madrid, que perdió— pasa por evitar a toda costa las consultas de opinión entre las bases en congresos y primarias. La ministra de Defensa, Carme Chacón, que se postula sin reservas como candidata a la presidencia, ya ha cuestionado las intenciones de Rubalcaba. Tampoco hay que esperar estabilidad interna en el PSOE, a pesar del episódico entusiasmo desplegado en el Comité Federal.
Porque, siendo evidente el interés material de los socios de la derecha nacionalista y de la élite financiera en el nuevo proyecto de Rubalcaba y Salgado, es más que dudoso el que pueda despertar entre los trabajadores, las capas medias laicas y los profesionales urbanos que habían conformado hasta ahora el grueso de la base social del "zapaterismo". Si el PSOE obtuvo 10,5 millones de votos en las pasadas elecciones, al menos un 60% de ellos han secundado o apoyado la huelga general del pasado 29 de septiembre. Y el problema para que sea viable cualquier proyecto desde el PSOE es que tiene ante todo que reconstruir su base social, especialmente dañada por las políticas de austeridad. El principal argumento esgrimible es el miedo a una victoria del PP que, recrecido, verosímilmente añadiría a una endurecida política de austeridad neoliberal toda una batería de contrarreformas en el terreno de las conquistas democráticas y los derechos de cuarta generación. También aquí pueden encontrar inspiración en la herencia del felipismo, que optó por chantajear a la izquierda social durante el referéndum sobre el ingreso en la OTAN preguntando quién gestionaría el posible triunfo del NO. Ese chantaje, como dijo en su día Manuel Sacristán, tuvo también consecuencias "para dentro": degradó indeciblemente la calidad de la vida democrática del Reino de España. Otro paralelismo con la actual situación: los mercados financieros, a los que no ha elegido nadie, y los banqueros centrales, a los que tampoco ha elegido nadie, deciden; al pueblo soberano no le queda sino acatar esas decisiones (cuestionadas, dicho sea de paso, por todos los economistas competentes). Como queda dicho en una de las agudas viñetas de El Roto: "si mandan los mercados, ahorrémonos los gobiernos".
Euskadi
Además del miedo a la derecha ante la ausencia de una alternativa política plausible a la izquierda, el proyecto Rubalcaba trae un as bajo la manga: rentabilizar políticamente la derrota policial de ETA, la consiguiente pacificación del País Vasco y la vuelta al redil autonomista del Estatuto de Gernika de la derecha católica vasca (PNV).
El pacto de estabilidad legislativa firmado con ocasión de los presupuestos de 2011, con la transferencia de 30 de las 32 competencias pendientes previstas por el Estatuto de Gernika –la reforma del cual, aprobada en el Parlamento vasco, fue sonoramente rechazada en el Congreso de los Diputados en la anterior Legislatura— sitúan al PNV en el centro de la política institucional en la comunidad autónoma vasca y marginan al lendakari socialista, Patxi López, por mucho que éste las vaya a gestionar en lo inmediato: lo hará bajo el vigilante control de Urkullu, quien, además, le supera ampliamente en valoración política e intenciones de voto. La contrapartida es la separación del PNV, o al menos de su dirección actual, de cualquier veleidad soberanista que pudiera abrir puertas a un pacto nacionalista con una reconstruida y ampliada izquierda abertzale: el fin de ETA habrá de ser rentabilizado al alimón por Rubalcaba y Urkullu.
El escenario político más cambiante es, sin duda, el del País Vasco. El anuncio de la nueva tregua unilateral de ETA ya no busca negociar con el Gobierno central, sino permitir el protagonismo y la reconstrucción de la izquierda abertzale con una nueva configuración que la habilite para luchar por la legalización de un partido de masas y la construcción de un frente democrático nacional con otras fuerzas abertzales menores, como Eusko Alkartasuna, lo que no se hará sin repetidos llamamientos al PNV para que se pronuncie sobre el derecho a decidir del pueblo vasco. Este giro de orientación radical de la izquierda abertzale, a cuya cabeza se ha situado su vieja guardia política, ha sido expuesto no sólo por Arnaldo Otegi desde la cárcel en una entrevista concedida a El País (3), sino también en una conferencia pública en Hernani hace escasos días, por Antxon Etxebeste, antiguo dirigente de ETA.
Tras el desencuentro en la huelga general del 29 de septiembre, la dirección del sindicato de la izquierda abertzale LAB ha mantenido encuentros con la dirección de CCOO de Euskadi en el mismo sentido.
La respuesta alternativa necesaria de la izquierda social y política
El cambio de Gobierno y el intento de recuperar la iniciativa política con un nuevo proyecto encabezado por Rubalcaba plantea, obvio es decirlo, varias cuestiones de interés para la izquierda social y política.
Constatadas la amplitud y la radicalidad del giro de la dirección del PSOE hacia la derecha, su búsqueda de un esquema de alianzas con las derechas nacionalistas periféricas y las inequívocas señales de sumisión incondicional emitidas hacia los grandes poderes económicos fácticos, nacionales e internacionales; constatado el logro de la estabilidad política parlamentaria hasta 2012; constatado todo eso, hay que decir que nada de eso garantiza ni la estabilidad política general ni la social. El miedo a la victoria de un PP recrecido y con ánimo de desquite en 2012 es inversamente proporcional a las vacilaciones que puedan surgir en la resistencia social a la contrarreforma del mercado laboral y de las pensiones por parte de las direcciones sindicales. También es inversamente proporcional a las dificultades para construir una alternativa de izquierda creíble en todo el Reino de España a partir de un bloque electoral de las fuerzas socio-políticas de la izquierda realmente existente. El proyecto neofelipista de Rubalcaba sólo puede convencer a hooligans con intereses banderizos creados, o a una base social amedrentada, más rendida al sufragio del mal menor que entregada al mal humor abstencionista. ¿Habrá que repetir que ninguna de las dos cosas es buena?
El debate desarrollado en los sindicatos sobre cómo dar continuidad a la huelga general del 29 de septiembre se adivina decisivo, determinante. Tienen que optar entre el cortísimo callejón sin salida del “diálogo social” propuesto por Valentín Gómez en términos de ese mal menor pretendidamente ineluctable que es cada vez más mal y cada vez menos menor, o encontrar una estrategia de firmeza que permita la acumulación de fuerzas: por lo pronto, a partir de las resistencias a los ataques del Gobierno central y de la patronal en los sectores y empresas, con el declarado objetivo de un crecimiento de la productividad fundado en el aumento del número de horas trabajadas, en la reducción de los costes sociales y en la llamada flexiseguridad. La convocatoria de una nueva huelga general solo podrá ser realista en esta perspectiva, haciendo frente a las deficiencias detectadas en los sectores con menor participación en la huelga del 29 de septiembre, lanzando campañas de afiliación y utilizando las elecciones sindicales como una gigantesca plataforma para discutir democráticamente en las empresas la perspectiva de resistencia y una nueva huelga general a medio plazo.
En toda la Unión Europea se ha iniciado un nuevo ciclo de luchas sociales y movilizaciones sindicales, cuyos mejores ejemplos han sido las huelgas generales prolongadas de Grecia y las distintas huelgas y extraordinarias movilizaciones en Francia. Se han convocado también huelgas generales en Portugal, Dinamarca, Bélgica, Irlanda y Gran Bretaña. Hasta ahora, el resultado inmediato de la huelga general ha sido un giro a la derecha del Gobierno del PSOE, un cambio de personas para consolidar las políticas neoliberales y apoyarlas en una política de alianzas con los beneficiarios directos de las mismas. No es, pues, suficiente una mera táctica sindical, sino que los propios sindicatos deberían comenzar a determinar una estrategia de largo alcace y largo plazo que, por la fuerza misma de las cosas, logre proyectar sus reivindicaciones en las instituciones democráticas del Reino. Como bien señaló Toxo, "una ley se cambia con otra ley", y la salida de toda huelga general, para mal o para bien, siempre es política. Para articular un bloque electoral de izquierda, un bloque capaz de federar en un solo esfuerzo a todas las fuerzas de izquierda alternativa en nuestro país, un bloque que pueda hacer las veces de polo político alternativo de atracción externo a las aún confusas izquierdas que aparecen en el PSOE, es imprescindible una contribución de las principales estructuras de la izquierda social realmente existente, comenzando por los sindicatos de clase.
NOTAS:
(1)http://www.elpais.com/articulo/economia/reforma/pensiones/ha/ser/pactada/elpepueco/20101024elpepieco_1/Tes
(2) Encuesta de Sigma 2 publicada por El Mundo en su edición de 24-10-2010. El PP obtendría según estos datos el 46,4% en las próximas elecciones generales de celebrarse ahora, es decir, una mayoría absoluta, y el PSOE se situaría en el 33,8%. http://elmundo.orbyt.es/2010/10/23/elmundo_en_orbyt/1287856586.html Véase asimismo la encuesta publicada pocos días antes del cambio de Gobierno por el diario Público http://www.publico.es/espana/340956/brecha-historica-entre-pp-y-psoe, en la que la ventaja del PP sobre el PSOE era de 13,4 puntos.
(3)http://www.elpais.com/articulo/espana/estrategia/independentista/incompatible/violencia/armada/elpepuesp/20101017elpepunac_1/Tes
DANIEL RAVENTÓS
(Sinpermiso)
El cambio de Gobierno no ha podido ser más claro en su mensaje central: mantenimiento del equipo económico neoliberal y reconstrucción de un proyecto político del PSOE de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la base de una alianza con la derecha vasca y canaria (PNV y CC), abierta a la incorporación de la derecha catalana (CiU) tras la previsible victoria de ésta en las elecciones autonómicas catalanas del próximo 28 de noviembre. La pregunta es: ¿hasta qué punto es viable este proyecto?
El resultado de la huelga general del 29 de septiembre, mostró la desafección de la base social trabajadora que había sostenido el proyecto político de Zapatero, defintivamente pulverizado y aventado tras las medidas económicas abiertamente neoliberales del 9 de mayo. Los diez millones de huelguistas tuvieron su reflejo en las encuestas de opinión: una caída de 14,5 puntos en la intención de voto. A partir de ahí, el desarrollo de la crisis política del Gobierno no ha podido ser más rápida y contundente: victoria en las primarias internas del PS de Madrid de Tomás Gómez frente a la candidatura de Ferraz, apoyada por Zapatero; declaración del Cercle d´Economia de Catalunya, resumida por La Vanguardia con el titular: "La burguesía catalana rompe con Zapatero"; el atronador abucheo que le dedicó la extrema derecha en el desfile militar del 12 de octubre; las descaradas declaraciones de Barreda, un barón castellano-manchego del PSOE, exigiendo una rápida transición a lo que ha dado en llamarse "poszapaterismo"; en fin, las dolorosas dudas manifestadas por el FMI sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2011 y la sugerencia de la necesidad de un Plan B de nuevas medidas de austeridad…
En veinte días, las consecuencias del definitivo descrédito ante su propia base social se han traducido en señales, no de los mercados –que por la colocación de la deuda y su estabilidad han mostrado cierta satisfacción con las medidas adoptadas el 9 de mayo—, sino de los sectores de la gran burguesía y de la propia nomenclatura del PSOE ante el peligro de que la fuerte polarización social tras la huelga, sumada a la evidente descomposición del Gobierno y a la perspectiva de una probable victoria del PP en las elecciones de 2012 empujasen a la radicalización de la resistencia social a medio plazo y a la progresiva apertura de un gran espacio político a la izquierda del PSOE. Las imágenes de la huelga general en Francia, que dura más de una semana, han sido el amedrentante telón de fondo de estas cavilaciones.
El Gobierno Rubalcaba-Salgado
A todo ello ha buscado responder el cambio de Gobierno, no por previsto menos sorprendente en su alcance y su profundidad: es un giro que pretende sentar las bases de un nuevo proyecto político. Aunque su determinación corresponde constitucionalmente a Zapatero –que parece recuperar, aunque sea efímeramente, la iniciativa política—, es evidente que detrás se encuentra el sólido Alfredo Pérez Rubalcaba, convertido desde su triple mandato de vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, ministro del Interior y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, en un igual con más poder y mucha mejor valoración pública que el desvaído y errático presidente del Gobierno.
El nuevo proyecto se basa, en realidad, en una vuelta al pasado: al esquema de alianzas del final del felipismo con las burguesías vasca y catalana, más o menos pretendidamente inspirado en el prietismo de los años 30. A esa alianza del tardofelipismo vienen ahora a incorporarse la canaria y, de manera menos confesable, la navarra. Pero para un adecuado reparto de papeles, ese esquema exige que PNV y CiU gobiernen en Vitoria y en Barcelona, como ya lo hacen CC y UPN en sus respectivas comunidades. Lo que acarrea, huelga decirlo, el sacrificio de los partidos socialistas vasco, catalán, canario y navarro, condenados a la subalternidad política. Es verdad que este esquema podría asegurar la estabilidad parlamentaria hasta 2012 y garantizar la aplicación del durísimo programa de austeridad y ajuste neoliberal. Pero es una condena segura de cara a las elecciones generales al erosionar de mala manera el bloque social de las izquierdas y su articulación política. (Se puede observar que el diario El País ha mantenido durante los años del zapaterismo la necesidad de esta orientación política en su línea editorial; no puede, pues, sorprender su satisfacción con el cambio de Gobierno.)
El equipo económico que dirige desde la vicepresidenta segunda Elena Salgado es el segundo pilar del proyecto, que busca tranquilizar a los mercados, bajo la atenta vigilancia de la Comisión Europea, respecto de la coherencia neoliberal de los presupuestos de 2011. Unos presupuestos que incrementan los estímulos económicos y las transferencias al sector empresarial, y no sólo no tocan fiscalmente a los rentistas inmobiliarios y financieros, sino que bloquean cualquier subida fiscal con mínima progresividad: idóneos para ganarse a los representantes políticos de los distintos estratos socioeconómicamente dominantes y de las varias oligarquías autonómicas sobre las que pretender levantar la política de alianzas concebida por Rubalcaba. Lo que no aseguran estas políticas es estabilidad social. Al contrario: la contrarreforma del mercado de trabajo y de las pensiones ha abierto en toda Europa un nuevo ciclo de luchas sociales. En el Reino de España, las cifras de paro previstas en los presupuestos del 2011 son el 18,9%, con tasas de crecimiento del PIB por encima del 1,5% —que ya han descartado todos los analistas económicos y el FMI, para reducirlas al 0,6%—, y no hay que descartar que estas políticas de austeridad provoquen no sólo una muy débil recuperación sin empleo, sino incluso una segunda zambullida en la recesión. Es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, obligando a la Reserva Federal a un cambio radical de orientación, a desatar una guerra financiera mundial de divisas y a volver a pensar en políticas económicas anti-cíclicas.
¿Recuperar la base social perdida?
Junto a estos dos pilares fundamentales del nuevo proyecto, que definen al Gobierno como Rubalcaba-Salgado, se observa también un intento activo de cerrar cualquier espacio a la izquierda del PSOE. La designación de Valentín Gómez al frente de la cartera de Trabajo busca reabrir el diálogo social, con concesiones limitadas en el terreno de la reforma de las pensiones, frente a la perspectiva de resistencia sindical y social prolongada que han abierto las direcciones de CCOO y UGT. La entrevista publicada en El País con el nuevo ministro de trabajo (1) no deja lugar a dudas sobre las líneas rojas que le han sido impuestas. No ha pasado eso desapercibido tampoco para los sindicatos de clase. El análisis del cambio de Gobierno de CCOO y las declaraciones de su secretario federal, Ignacio Fernández Toxo, son un reflejo de que existe una consciencia cabal del callejón sin salida en que podría meterles esta oferta de concertación social del nuevo Gobierno.
Algo parecido puede decirse del nombramiento de Rosa Aguilar como ministra de Agricultura y Medio Ambiente, cuyo objetivo evidente es cooptar cualquier recomposición del ecologismo político como componente esencial de un proyecto de izquierda alternativa. Limitaciones personales aparte, no es aventurado augurar que sus limitaciones políticas no tardarán mucho en verse: bastará estar atentos en las próximas semanas al reto decisivo de la cumbre de Naciones Unidas contra el cambio climático de Cancún y a la correspondiente presión de las eléctricas a favor de la energía nuclear, con debate incluido sobre el almacenamiento de residuos.
La salida del Gobierno de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, Moratinos, ministros de Exteriores y Cooperación, y Espinosa, de Agricultura –los tres que en los debates previos a mayo habían mostrado abiertamente dudas y reticencias sobre la eficacia y conveniencia del giro neoliberal—, es el símbolo del agotamiento del propio zapaterismo como proyecto político y del desplazamiento a la derecha del nuevo Gobierno, abandonada toda posibilidad o pretensión de recuperar su naturaleza equilibrista entre los intereses encontrados de clase. La política de coordinación y comunicación del Gobierno recaen en Rubalcaba, subordinada a su política de alianzas, mientras que la gestión de la Administración central y su reflejo legislativo pasa a un recuperado Ramón Jáuregui, compensación melancólica para el PS de Euskadi. El nombramiento de Leire Pajín como ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, lejos de ser una reafirmación de la agenda social orientada a los jóvenes y a los desempleados como primeras víctimas de las políticas de austeridad, es –como ha declarado el propio Zapatero en el Comité Federal del PSOE— la constatación de que ese pretendido 58% de gasto social en los presupuestos del 2011 es en realidad un paquete de medidas de recorte, empezando por unos ministerios de Igualdad y de Vivienda degradados a secretarías de Estado.
Mayor importancia reviste que Leire Pajín ceda la secretaría de organización del PSOE a Marcelino Iglesias, lo que permitirá a José Blanco presidir el comité electoral como responsable de articular e imponer dentro del PSOE la prioridad del proyecto político de alianzas de Rubalcaba frente a las previsibles rebeldías de los barones territoriales, entre los que destaca Tomás Gómez en Madrid. Porque si el proyecto de Rubalcaba y Salgado tiene la vista puesta en las elecciones legislativas de 2012, el horizonte de los barones territoriales se cierra en mayo del 2011: para poder enfrentarse con ciertas posibilidades al PP necesita mantener lazos con la izquierda social y política. Manuel Chaves mantiene la vicepresidencia tercera, competente en temas autonómicos, lo que verosímilmente habrá de servir para dar cobertura política a toda la operación: él es el presidente del PSOE y Rubalcaba, ex ministro de Felipe González. No puede dejar de llamar poderosamente la atención que las señas de identidad y legitimidad del nuevo proyecto político que se propone ahora al PSOE tengan que buscarse en el aberrante pasado felipista para poder dar por clausuradas las veleidades del zapaterismo.
Crisis larvada en el PSOE
Se puede observar que esta maniobra política fulminante ha tenido un éxito inicial en las filas del propio PSOE. La sensación de desmoronamiento aireada por los barones territoriales ha dado paso al aplauso encendido en el Comité Federal del 23 de octubre con que ha sido recibido el cambio de gobierno. Las voces críticas surgidas tras la huelga general han pasado a segundo plano con esta vistosa recuperación aparente de la iniciativa política –calificada por alguno con el palabro "remonte"—. El grupo mediático PRISA la ha acompañado y magnificado como corresponde. Zapatero ha resumido la nueva coyuntura con una fórmula de meditada profundidad, como suya: "hay que ver la cara que se les ha quedado a los del PP". Mientras tanto, sigue cayendo 12,6 puntos en la primera encuesta realizada tras el cambio de Gobierno (2).
El debate sobre la sucesión de Zapatero ha pasado a un segundo plano, con el argumento de que "los abuelos no suceden a los nietos", según la ingeniosa expresión de El País, aunque hayan pasado a conformar este proyecto de futuro todas las veteranas figuras del felipismo. Si Zapatero se hace la ilusión de ser él quien rentabilice la remontada, se la hace vanamente. Será sacrificado como chivo expiatorio tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas como principal responsable del desplome. No deja de ser curioso que haya correspondido a Tomás Gómez, cuyo principal capital político es haberle dicho "no" y ganar las primarias de Madrid, pedir en el Comité Federal del PSOE que Zapatero se defina ya frente a las obvias aspiraciones de Rubalcaba de ser quien se proponga o, al menos, designe al sucesor. Una parte importante de esta operación –consecuencia directa de las lecciones aprendidas por el aparato central del PSOE en las primarias de Madrid, que perdió— pasa por evitar a toda costa las consultas de opinión entre las bases en congresos y primarias. La ministra de Defensa, Carme Chacón, que se postula sin reservas como candidata a la presidencia, ya ha cuestionado las intenciones de Rubalcaba. Tampoco hay que esperar estabilidad interna en el PSOE, a pesar del episódico entusiasmo desplegado en el Comité Federal.
Porque, siendo evidente el interés material de los socios de la derecha nacionalista y de la élite financiera en el nuevo proyecto de Rubalcaba y Salgado, es más que dudoso el que pueda despertar entre los trabajadores, las capas medias laicas y los profesionales urbanos que habían conformado hasta ahora el grueso de la base social del "zapaterismo". Si el PSOE obtuvo 10,5 millones de votos en las pasadas elecciones, al menos un 60% de ellos han secundado o apoyado la huelga general del pasado 29 de septiembre. Y el problema para que sea viable cualquier proyecto desde el PSOE es que tiene ante todo que reconstruir su base social, especialmente dañada por las políticas de austeridad. El principal argumento esgrimible es el miedo a una victoria del PP que, recrecido, verosímilmente añadiría a una endurecida política de austeridad neoliberal toda una batería de contrarreformas en el terreno de las conquistas democráticas y los derechos de cuarta generación. También aquí pueden encontrar inspiración en la herencia del felipismo, que optó por chantajear a la izquierda social durante el referéndum sobre el ingreso en la OTAN preguntando quién gestionaría el posible triunfo del NO. Ese chantaje, como dijo en su día Manuel Sacristán, tuvo también consecuencias "para dentro": degradó indeciblemente la calidad de la vida democrática del Reino de España. Otro paralelismo con la actual situación: los mercados financieros, a los que no ha elegido nadie, y los banqueros centrales, a los que tampoco ha elegido nadie, deciden; al pueblo soberano no le queda sino acatar esas decisiones (cuestionadas, dicho sea de paso, por todos los economistas competentes). Como queda dicho en una de las agudas viñetas de El Roto: "si mandan los mercados, ahorrémonos los gobiernos".
Euskadi
Además del miedo a la derecha ante la ausencia de una alternativa política plausible a la izquierda, el proyecto Rubalcaba trae un as bajo la manga: rentabilizar políticamente la derrota policial de ETA, la consiguiente pacificación del País Vasco y la vuelta al redil autonomista del Estatuto de Gernika de la derecha católica vasca (PNV).
El pacto de estabilidad legislativa firmado con ocasión de los presupuestos de 2011, con la transferencia de 30 de las 32 competencias pendientes previstas por el Estatuto de Gernika –la reforma del cual, aprobada en el Parlamento vasco, fue sonoramente rechazada en el Congreso de los Diputados en la anterior Legislatura— sitúan al PNV en el centro de la política institucional en la comunidad autónoma vasca y marginan al lendakari socialista, Patxi López, por mucho que éste las vaya a gestionar en lo inmediato: lo hará bajo el vigilante control de Urkullu, quien, además, le supera ampliamente en valoración política e intenciones de voto. La contrapartida es la separación del PNV, o al menos de su dirección actual, de cualquier veleidad soberanista que pudiera abrir puertas a un pacto nacionalista con una reconstruida y ampliada izquierda abertzale: el fin de ETA habrá de ser rentabilizado al alimón por Rubalcaba y Urkullu.
El escenario político más cambiante es, sin duda, el del País Vasco. El anuncio de la nueva tregua unilateral de ETA ya no busca negociar con el Gobierno central, sino permitir el protagonismo y la reconstrucción de la izquierda abertzale con una nueva configuración que la habilite para luchar por la legalización de un partido de masas y la construcción de un frente democrático nacional con otras fuerzas abertzales menores, como Eusko Alkartasuna, lo que no se hará sin repetidos llamamientos al PNV para que se pronuncie sobre el derecho a decidir del pueblo vasco. Este giro de orientación radical de la izquierda abertzale, a cuya cabeza se ha situado su vieja guardia política, ha sido expuesto no sólo por Arnaldo Otegi desde la cárcel en una entrevista concedida a El País (3), sino también en una conferencia pública en Hernani hace escasos días, por Antxon Etxebeste, antiguo dirigente de ETA.
Tras el desencuentro en la huelga general del 29 de septiembre, la dirección del sindicato de la izquierda abertzale LAB ha mantenido encuentros con la dirección de CCOO de Euskadi en el mismo sentido.
La respuesta alternativa necesaria de la izquierda social y política
El cambio de Gobierno y el intento de recuperar la iniciativa política con un nuevo proyecto encabezado por Rubalcaba plantea, obvio es decirlo, varias cuestiones de interés para la izquierda social y política.
Constatadas la amplitud y la radicalidad del giro de la dirección del PSOE hacia la derecha, su búsqueda de un esquema de alianzas con las derechas nacionalistas periféricas y las inequívocas señales de sumisión incondicional emitidas hacia los grandes poderes económicos fácticos, nacionales e internacionales; constatado el logro de la estabilidad política parlamentaria hasta 2012; constatado todo eso, hay que decir que nada de eso garantiza ni la estabilidad política general ni la social. El miedo a la victoria de un PP recrecido y con ánimo de desquite en 2012 es inversamente proporcional a las vacilaciones que puedan surgir en la resistencia social a la contrarreforma del mercado laboral y de las pensiones por parte de las direcciones sindicales. También es inversamente proporcional a las dificultades para construir una alternativa de izquierda creíble en todo el Reino de España a partir de un bloque electoral de las fuerzas socio-políticas de la izquierda realmente existente. El proyecto neofelipista de Rubalcaba sólo puede convencer a hooligans con intereses banderizos creados, o a una base social amedrentada, más rendida al sufragio del mal menor que entregada al mal humor abstencionista. ¿Habrá que repetir que ninguna de las dos cosas es buena?
El debate desarrollado en los sindicatos sobre cómo dar continuidad a la huelga general del 29 de septiembre se adivina decisivo, determinante. Tienen que optar entre el cortísimo callejón sin salida del “diálogo social” propuesto por Valentín Gómez en términos de ese mal menor pretendidamente ineluctable que es cada vez más mal y cada vez menos menor, o encontrar una estrategia de firmeza que permita la acumulación de fuerzas: por lo pronto, a partir de las resistencias a los ataques del Gobierno central y de la patronal en los sectores y empresas, con el declarado objetivo de un crecimiento de la productividad fundado en el aumento del número de horas trabajadas, en la reducción de los costes sociales y en la llamada flexiseguridad. La convocatoria de una nueva huelga general solo podrá ser realista en esta perspectiva, haciendo frente a las deficiencias detectadas en los sectores con menor participación en la huelga del 29 de septiembre, lanzando campañas de afiliación y utilizando las elecciones sindicales como una gigantesca plataforma para discutir democráticamente en las empresas la perspectiva de resistencia y una nueva huelga general a medio plazo.
En toda la Unión Europea se ha iniciado un nuevo ciclo de luchas sociales y movilizaciones sindicales, cuyos mejores ejemplos han sido las huelgas generales prolongadas de Grecia y las distintas huelgas y extraordinarias movilizaciones en Francia. Se han convocado también huelgas generales en Portugal, Dinamarca, Bélgica, Irlanda y Gran Bretaña. Hasta ahora, el resultado inmediato de la huelga general ha sido un giro a la derecha del Gobierno del PSOE, un cambio de personas para consolidar las políticas neoliberales y apoyarlas en una política de alianzas con los beneficiarios directos de las mismas. No es, pues, suficiente una mera táctica sindical, sino que los propios sindicatos deberían comenzar a determinar una estrategia de largo alcace y largo plazo que, por la fuerza misma de las cosas, logre proyectar sus reivindicaciones en las instituciones democráticas del Reino. Como bien señaló Toxo, "una ley se cambia con otra ley", y la salida de toda huelga general, para mal o para bien, siempre es política. Para articular un bloque electoral de izquierda, un bloque capaz de federar en un solo esfuerzo a todas las fuerzas de izquierda alternativa en nuestro país, un bloque que pueda hacer las veces de polo político alternativo de atracción externo a las aún confusas izquierdas que aparecen en el PSOE, es imprescindible una contribución de las principales estructuras de la izquierda social realmente existente, comenzando por los sindicatos de clase.
NOTAS:
(1)http://www.elpais.com/articulo/economia/reforma/pensiones/ha/ser/pactada/elpepueco/20101024elpepieco_1/Tes
(2) Encuesta de Sigma 2 publicada por El Mundo en su edición de 24-10-2010. El PP obtendría según estos datos el 46,4% en las próximas elecciones generales de celebrarse ahora, es decir, una mayoría absoluta, y el PSOE se situaría en el 33,8%. http://elmundo.orbyt.es/2010/10/23/elmundo_en_orbyt/1287856586.html Véase asimismo la encuesta publicada pocos días antes del cambio de Gobierno por el diario Público http://www.publico.es/espana/340956/brecha-historica-entre-pp-y-psoe, en la que la ventaja del PP sobre el PSOE era de 13,4 puntos.
(3)http://www.elpais.com/articulo/espana/estrategia/independentista/incompatible/violencia/armada/elpepuesp/20101017elpepunac_1/Tes
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